Una misión de la Organización de Naciones Unidas presentó este martes un informe que concluye que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diseñó un plan para que los servicios de inteligencia repriman a la oposición, cometiendo crímenes de lesa humanidad, como torturas y agresiones sexuales.
Las conclusiones presentadas este martes muestran el papel del servicio de inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos delitos "en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad", señala la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron "sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad. Entre los métodos de tortura utilizados figuran "palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la 'tortura blanca'", detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en toda Venezuela.
Nicolás Maduro, a la cabeza de las torturas
Según el análisis de la misión de la ONU y la información recibida, las autoridades detuvieron a personas supuestamente disidentes y opositoras al gobierno. En algunos casos, el presidente Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, "participaron en la selección de los objetivos".
Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, denunció la ONU.
"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia", señaló la misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
"El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Órdenes deliberadas de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello
Como sea, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de ordenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
"Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición", enfatiza el informe.
La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.
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