El gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó la noche de este martes el proyecto de ley de inversiones, con el fin de revertir la crítica situación de Bolivia, que es el último país en atraer capital extranjero. Entre los puntos más importantes figuran la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, la protección de la propiedad privada contra afanes nacionalizadores y la generación de incentivos a los empresarios nacionales e internacionales. Todo aquello sin modificar la Constitución Política del Estado.
“La protección patrimonial es un tema central. El gran problema no son los conflictos sociales, sino la estabilidad política, cambian las autoridades y cambian la normativa. Esta ley busca garantizar que todo el estado, el ejecutivo y legislativo, tendrán que ponerse de acuerdo para la protección de la propiedad (o en su caso nacionalizar)”, dijo Espinoza.
En los hechos, el proyecto de ley de inversiones buscará poner un candado frente a las autoridades del Ejecutivo, que, como parte de un nuevo periodo político, deciden expropiar las empresas para nacionalizarlas y, además, sin cumplir con las compensaciones correspondientes.
Espinoza explicó que con la ley de inversiones se adoptarán medidas contra la “discrecionalidad política” para que ninguna autoridad por sí sola defina nacionalizaciones. “Hay varios casos que ustedes conocen”, dijo el Ministro al referirse a la ola de expropiaciones que impulsó el gobierno de Evo Morales en su primera etapa.
Entonces, la idea señalada en el proyecto de Ley de Inversiones que el gobierno proponga medidas a la Asamblea Legislativa y que sean sus miembros definen si se va a proceder en determinado sentido.
El proyecto de ley que es el primero de los llamados estratégicos para mejorar el rumbo del país dará lugar a un sistema de incentivos y de regulación que permita dar credibilidad, seguridad y confianza al inversionista, “sin violentar la CPE”, enfatizó, pero no dio mayores detalles el ministro sobre las medidas que generarían atracción de capitales hacia Bolivia.
Otro aspecto importante es que se aplicará el principio de buena fe a favor de los inversionistas, en lugar de estigmatizarlos. Lo que busca Espinoza es que la atípica inversión extranjera directa en el país se vaya normalizando.
La Agencia Nacional de Inversiones será la institución boliviana que coordinará el flujo de las inversiones en Bolivia, definirá el marco regulatorio y promoverá al país para que aterricen divisas.
El ministro fue enfático en dos oportunidades al señalar que la reversión de esta situación no requerirá de modificar la Constitución Política del Estado y argumentó que si se va por ese camino se perderían de tres a seis meses para consensos básicos,
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