Estas últimas elecciones presidenciales nos dejaron como saldo, entre otros, las diputaciones favorables a familiares muy cercanos de los candidatos Tuto Quiroga de Alianza Libre y Edman Lara del PDC.
Por el lado de Tuto Quiroga, su hermana Ana Maria Quiroga Ramirez logró la segunda diputación plurinominal por Cochabamba, en tanto que por el lado de Edman Lara su esposa Diana Romero Saavedra fue electa por la segunda diputación plurinominal Santa Cruz. Pero ello a estas alturas parecería noticia vieja y sin mayor repercusión social o informativa pues demostraría que va haciéndose una costumbre aceptada por el Tribunal Supremo Electoral, la población y la prensa; no olvidemos que en las últimas elecciones municipales, en Cochabamba fue elegido y funge como Concejal del municipio de Cercado, Manfred Reyes Villa Avilés, hijo del Alcalde Municipal Manfred Reyes Villa Bacigalupi. Similar caso ocurre en el municipio de Santa Cruz de la Sierra donde se desempeña como Concejal municipal titular, Miguel Fernandez Rea, hijo del Alcalde Municipal Jhonny Fernández Saucedo.
En todos los casos, aunque parezca difícil creer que tienen coincidencias, el argumento de los personajes nombrados es que no existe nepotismo porque se trata de cargos electivos, es decir, señalan que esos sus familiares directos fueron elegidos por el pueblo mediante votación considerando su trayectoria y carisma político, como dice alguno, y otro que defiende el hecho indicando que no es favor familiar sino que es producto de la lucha y apoyo de la gente que tiene el familiar.
La Real Academia Española define Nepotismo como “Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”, lo que confirmaría que evidentemente los candidatos y/o autoridades nombradas tienen razón en su defensa pues ellos no eligieron a sus familiares como Concejales o Diputadas. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta también que tales familiares fueron puestos como candidatos en las denominadas ‘franjas de seguridad’ que dependen de la votación del candidato principal a Presidente o Alcalde, es decir garantizando su elección como Diputadas o Concejales, probablemente no por merito propio sino precisamente por ser hijo, esposa o hermana del candidato principal.
Ahora bien, es cierto que ese hecho no configura nepotismo, sin embargo parece que de manera premeditada se olvida u omite considerar un aspecto fundamental para la función pública que generalmente es incómodo y desagradable para nuestros políticos; si, me refiero a la Ética, esa disciplina que estudia la moral de las personas a partir de un conjunto de normas de conducta, convivencia y respeto a los demás. En ese contexto existe un fundamento denominado “Conflicto de Intereses”, entendido como una situación donde intereses personales, familiares o de negocios de una persona pueden influir indebidamente en el desempeño de sus deberes públicos o profesionales, afectando la imparcialidad y objetividad de sus decisiones.
El “Conflicto de Intereses” está regulado generalmente en los Códigos de ética del sector privado o público, pues determina situaciones en las que los intereses personales pueden influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. En el ámbito de la función pública apunta a mantener la confianza ciudadana, la integridad institucional y la transparencia en la toma de decisiones.
En los casos en análisis, un Concejal municipal tiene entre sus funciones principales la de fiscalizar la gestión del alcalde y del gobierno municipal, aquí encontramos claramente un Conflicto de Intereses porque los Concejales Manfred Reyes Villa Avilés y Miguel Fernandez Rea, hijos de los alcaldes Manfred Reyes Villa Bacigalupi y Jhonny Fernández Saucedo, respectivamente, no podrían ejercer esa labor de fiscalización con idoneidad y transparencia por la relación familiar directa entre padre e hijo.
Lo mismo ocurre con las diputadas plurinominales electas, Ana Maria Quiroga Ramirez y Diana Romero Saavedra, cuyo hermano de la primera es nada menos que candidato a la Presidencia de Bolivia y el esposo de la segunda es candidato a la Vicepresidencia del país. Ambas forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional entre cuyas principales funciones se encuentran la elaboración y modificación de leyes, la fiscalización y control de los Órganos del Estado y entidades públicas, la aprobación del presupuesto nacional, la ratificación de tratados internacionales, la designación y preselección de altas autoridades del Estado, etc. y quien preside esa Asamblea es nada menos que el Vicepresidente. La pregunta obvia es si podrán ejercer esas funciones con idoneidad y transparencia siendo el hermano o el esposo las primeras autoridades del Órgano Ejecutivo; claramente existe un Conflicto de Intereses que no depara un futuro prometedor en el manejo ético de la cosa pública.
Fernando Farfán
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