La actual crisis que atraviesa Bolivia no es solo económica o coyuntural. Se trata de una crisis estructural del Estado, cuyos síntomas más evidentes se manifiestan en el colapso de empresas públicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El descontrol del gasto público y la hipertrofia de una burocracia dominada por el clientelismo político, prácticamente destruyeron las capacidades estatales. El deterioro institucional y la captura del aparato estatal por intereses partidarios, han generado una situación insostenible. Es urgente una reforma estatal profunda.

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El colapso de YPFB como símbolo de la crisis

YPFB, la empresa estatal que en su momento fue el motor de la economía boliviana, atraviesa una crisis severa. Según los datos del mismo Ministerio de Economía, esta empresa dejó de ser rentable, pues se redujeron dramáticamente sus niveles históricos de producción y ahora depende de subsidios para sostenerse. La falta de inversión en exploración y tecnología, sumada a una administración politizada, convirtieron a YPFB en una carga para el Estado, en lugar de seguir siendo una fuente de ingresos.

El problema no es únicamente técnico ni de mercado, sino político. El MAS priorizó los criterios partidarios sobre la eficiencia. La estatalización de los recursos no estuvo acompañada de una profesionalización de la gestión y el resultado ha sido el deterioro de uno de los pilares económicos del país. Hubo, además, una alta rotación de los principales cargos jerárquicos, lo cual afectó seriamente la capacidad de YPFB para tomar decisiones eficaces, pues se priorizaron el prebendalismo y la contratación de profesionales poco competentes para administrar dicha corporación petrolera.

La hipertrofia del aparato estatal

Es importante destacar un dato alarmante: más de 527.000 funcionarios públicos, muchos de ellos contratados por criterios políticos y no por méritos técnicos. En el gobierno central existen 364.200 burócratas y en las empresas estatales, un total de 35 mil funcionarios. Esta expansión desmedida del aparato estatal responde a una lógica de clientelismo, donde los empleos públicos se usan como mecanismos de recompensa política.

Este fenómeno, conocido como “captura del Estado”, ocurre cuando un partido o élite política utiliza las instituciones públicas para su beneficio. En Bolivia, esto se ha traducido en una burocracia ineficiente, un gasto público creciente y una parálisis administrativa en sectores clave como Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Boliviana de Aviación (BOA) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), por ejemplo. El Estado se convirtió en un botín político, lo que no solamente debilita su eficiencia, sino que destruye la confianza ciudadana y desincentiva la inversión privada.

El impacto de este modelo clientelar y politizado es profundo. Bolivia sufre una combinación de crisis fiscales, inflación, escasez de divisas y falta de inversión. Las empresas públicas operan con déficit, los subsidios son insostenibles y las reservas internacionales han disminuido drásticamente. A ello se suma la falta de independencia del poder judicial y el uso del aparato estatal para proteger intereses partidarios. El Estado dejó de ser un garante de desarrollo para convertirse en un obstáculo que necesita una reforma estructural de manera imprescindible. Las decisiones públicas no responden al bien común, sino a los cálculos políticos de corto plazo en el MAS.

La urgencia

Bolivia no necesita pequeñas reformas administrativas, sino una transformación global del Estado con los siguientes ejes:

1. Reforma del empleo público: eliminar la lógica clientelar, implementar concursos de méritos, reducir la cantidad de funcionarios innecesarios y profesionalizar la función pública. Se requiere una Ley de Servicio Civil.
2. Reestructuración de las empresas estatales: auditar su funcionamiento, establecer mecanismos de control y despolitizar su gestión. Se necesita establecer un Consejo de Alta Gerencia y Reformas para rediseñar los alcances y el cierre de varias empresas estatales deficitarias.
3. Reforma fiscal: racionalizar el gasto, eliminar subsidios mal orientados y mejorar la eficiencia tributaria. Se requiere una mayor eficacia institucional y la reorientación de las capacidades estatales hacia un rumbo menos prebendal y más eficiente, con profesionales de gran nivel y experiencia.
4. Reforma institucional: garantizar la independencia del poder judicial, fortalecer órganos de control y limitar el poder discrecional del Ejecutivo. Así, el Estado debe mejorar como un conjunto de capacidades y redes burocráticas que resuelvan los principales problemas del crecimiento económico, la pobreza y la competitividad internacional.
5. Transparencia y rendición de cuentas: obligar a todas las entidades públicas a publicar información clara y accesible sobre sus gastos, personal y contratos. Se requiere de una eficaz reforma para instalar un gobierno digital en la mayor parte de las instituciones estatales, sobre todo estratégicas.

Bolivia vive una crisis que no se resolverá con medidas aisladas, ni con más estatismo improvisado. Lo que está en juego es la viabilidad misma del Estado como herramienta al servicio del bien común. La única salida posible es una reforma estructural del Estado que recupere la institucionalidad, la eficiencia y la legitimidad. De lo contrario, la crisis seguirá profundizándose hasta comprometer la estabilidad misma de la nación y la imposibilidad de salir de un callejón sin salida al desmoronarse la economía del gas.

Ir más allá con solvencia y capacidad estatal, equivale a ejecutar un conjunto de reformas en todo el Estado boliviano. Por estas razones, lo más recomendable es la instauración de un “Ministerio de Reformas Estatales”, como lo hizo Brasil en los años 90 durante las exitosas gestiones gubernamentales del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.

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