Negar la existencia del racismo es no entender la dignidad

El racismo no ha desaparecido, (y no es que la Ley no funciona,) solo ha mutado. Negar su existencia es perpetuarlo desde el silencio y la comodidad del privilegio. Como decía Frantz Fanon, “el racismo no es un accidente del pensamiento, sino una estructura de poder que jerarquiza la humanidad”. En Bolivia, a pesar de haber transcurrido 15 años desde la promulgación de la Ley Nº 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, la negación del racismo persiste en los discursos, en la burocracia institucional y en la cotidianidad social

El racismo se naturaliza en aquellos que han internalizado el mandato colonial de “superarse” como sinónimo de “asimilarse”. Muchos argumentan: “yo no tengo problemas, porque me he superado como profesional”, “yo he nacido en la ciudad”, sin advertir que esa afirmación encierra un profundo desarraigo. Olvidan y niegan sus raíces, tal cual la “niña de sus ojos - Domy” d-escrita por A. Díaz V. que vivió ocultando su origen, su identidad de la que se avergüenza en vez de honrarla. Negar el racismo es negar el propio origen, es renunciar a la dignidad ancestral que nos da sentido como pueblos.

Una ley nacida del flagelo y las resistencias dignas

Cuando periodista, de la cobertura de ampliados orgánicos y hasta ahora, sigo escuchando la siguiente reflexión: “hasta cuándo y por qué los descendientes de los invasores europeos del siglo XV (1492) y los fugados de la primera y segunda guerra mundial, recién llegados con el favor del gobierno del MNR y ADN, entre 1950 a 1976 siglo XX, son los agroindustriales y grandes empresarios terratenientes; y las mayorías hijos de las entrañas de estas Madre Tierra seguimos tratados como ajenos, al grado de que muchos no tenemos ni un metro cuadrado”. Recién nomás escuche que urge auditar la demanda de devolución de tierra y territorio, las 5000 hectáreas y los procesos de saneamiento. Lo que me hace radiografiar que la racialización territorial no ha cambiado y más aun no se tiene información fiable al respecto. Este aspecto vigente se vivió hace 20 años y en la Asamblea Constituyente las minorías oligárquicas en resistencia desplegaron su violento y públicamente expresión racista.

Así las víctimas del 24 de mayo de 2008, organizados mandaron a su representante Legislativa, la suscrita, a trabajar en una Ley con el nombre de RACISMO a lo que se sancione penalmente. Así se trabajó el Proyecto de Ley, pero con la lógica constitucional, instalar un proceso decolonial por lo que se redactó una Ley que establece 4 mecanismos de lucha contra el racismo como flagelo a la dignidad: el primero es trabajar en la prevención en la educación, salud, trabajo y comunicacional, luego la protección, asistencia - atención y sanciones.

Pese a que la iniciativa Legislativa obedecía a un contexto socio-histórico y político, el impulso sufrió amenazas, que me inducían a renunciar al proyecto de Ley, incluso a declararme en huelga de hambre, cuando el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS IPSP), con mayoría legislativa y en el gobierno, pretendía “suavizar” su contenido. Dos frases fueron emblemáticas de ese entonces:

1. De quienes querían “ayudar” con recursos para la socialización previa: “Marianela, tendrá todo el apoyo necesario, pero quita la palabra RACISMO. Basta con decir que es contra la discriminación”.
2. Desde el gabinete jurídico y político: “Estás generan conflictos innecesarios, creando un frente de resistencia con los medios de comunicación”.

A esas presiones se sumó el patriarcado político, que instrumentalizó a un hermano afroboliviano para adjudicarle la autoría del proyecto, invisibilizando el liderazgo femenino indígena destrás de la iniciativa. Era la reproducción de un patrón colonial y machista: hombres blancos o mestizos (términos sociopolíticos) legitimando la palabra del “otro” solo cuando sirve a su conveniencia.

Tuve que responder con firmeza que entendía la maniobras de quienes no querían hablar de racismo, pero no comprendía como el principal símbolo del pueblo moreno podía obedecer a los dictados de los colonialistas. Aun así, la resistencia dio fruto: el 8 de octubre de 2010 se promulgó la Ley 045, un hito en la historia Plurinacional y un punto de inflexión en la lucha por la dignidad humana.

Racismo estructural, colonialidad y patriarcado.

El filósofo peruano Aníbal Quijano definió la colonialidad del poder como el patrón que clasifica y jerarquiza a las personas según criterios de raza, género, “educación” y posición económica. En Bolivia, esta estructura persiste disfrazada de meritocracia, modernidad y democracia liberal. Ramón Grosfoguel complementa que la colonialidad “es un sistema de jerarquización global que sobrevive al colonialismo formal”, y esa supervivencia se refleja en cómo aún se mide el valor humano por el color de piel, el apellido o la procedencia territorial.

En la administración de justicia, por ejemplo, la aplicación de la Ley 045 sigue siendo limitada. No existe una sola sentencia ejecutoriada por racismo en la jurisdicción ordinaria o indígena originaria campesina. El sistema judicial – heredero del modelo capitalista neoliberal y patriarcal – continúa siendo un mecanismo de exclusión. Se monetiza la vida, se mercantiliza la dignidad. Como advertía Enrique Dussel, el capitalismo moderno “convierte al otro en medio, nunca, en fin; en objeto, nunca en sujeto”.

La sociedad como tribunal moral

Si el sistema judicial calla, la sociedad ha comenzado a hablar. Hoy, el repudio público hacia las expresiones racistas se ha vuelto más visible y contundente. Las redes sociales amplifican la denuncia y la memoria colectiva sanciona lo que la justicia no sanciona. El castigo simbólico es una forma de resistencia moral que recuerda que, aunque el racismo no siempre sea punible, siempre será inaceptable.

Sin embargo, aún existe una minoría que intenta justificar el racismo bajo dos rasgos: una profunda ignorancia sobre la dignidad humana y una negación inconsciente de su propio mestizaje. Paulo Freire decía que “la peor forma de alienación es asumir como propia ideología del opresor”. Esa es la herencia colonial que se disfraza de neutralidad, cuando en realidad reproduce jerarquías invisibles.

Datos que desnudan la desigualdad

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024), más de 38 % de la población boliviana se auto-identifica como perteneciente a una nación o pueblo indígena originario campesino, cifra que decreció de 2001 que era el 62% y en 2012 el 41%. Expertos señalan que el descenso sostenido durante décadas responde a procesos como urbanización, mestizaje y déficit en políticas de fortalecimiento cultural.

La negación como mecanismo de dominación

Negar el racismo no es inocente. Es un acto político que busca mantener intactas las relaciones de poder. Rita Segato sostiene que “la negación del racismo y del patriarcado es el modo más eficaz de su reproducción”, porque los vuelve invisibles y por tanto, inacatables. En Bolivia, esa negación se expresa en frases cotidianas: “Aquí ya no hay racismo, todos somos iguales” o “eso fue antes, ahora todos tienen oportunidades”,

Pero la igualdad formal no es justicia sustantiva. El racismo no siempre grita, a veces murmura: se expresa en la burla, en el estereotipo, en la desconfianza, en la inferiorización del saber indígena. Es la herencia del proyecto civilizatorio europeo que impuso una epistemología única, negando el conocimiento del Ayllu, de la Ayni, del Sumak Kawsay.

El Estado Plurinacional como escudo de dignidad

A quince años de la Ley 045, el Estado Plurinacional de Bolivia continúa siendo el escudo institucional frente a las fuerzas que buscan restaurar la hegemonía colonial. Pero ese escudo requiere vigilia y renovación de los sentidos en la construcción de políticas públicas. El próximo quinquenio debe consolidar una política de justicia intercultural efectiva. Que no solo castigue el racismo, sino que lo prevenga y desmonte desde la educación, la comunicación y la economía.

El racismo no es solo un problema ético; es un problema político y civilizatorio. Reaparece cada vez que se intenta reducir el pluralismo a una sola visión del mundo. Por eso, la defensa de la dignidad – como principio fundante de los pueblos del Abya Yala – no puede limitarse a discursos institucionales. Deber encarnarse en la práctica cotidiana, en la gestión pública, en los medios, en las universidades, en las familias, en las organizaciones sociales y en todo espacio de la vida de las bolivianas y bolivianos.

Como escribió Eduardo Galeano, “la dignidad no se mendiga, se conquista”, yo le agrego que se la cuida y respeta. Esa conquista no será completa mientras una sola persona sea despreciada por su color de piel, su idioma o su cosmovisión. Bolivia no puede volver a ser una república de castas; su destino es ser una comunidad de pueblos libres, iguales en dignidad, respeto, oportunidades, condiciones y derechos, y diferentes en esencia.

A 15 años de la Ley 045, la batalla no ha terminado; ha mutado. El racismo ya no se exhibe con la impunidad de antaño, sino que se refugia en la negación, la justificación y la aplicación laxa de la ley. Por todo lo expuesto para evitar que el racismo a erigirse como el pilar de una dominación que despoja de territorialidad y dignidad, el proyecto del Estado Plurinacional debe consolidarse como el escudo más poderoso del y para el Pueblo.

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