El 7 de febrero de 2009, hace más de 15 años, Bolivia estrenó su nueva Constitución Política del Estado. Un par de semanas antes, el 25 de enero, el 63% de la población había aprobado el texto constitucional llamado a ser el cimiento del Estado Plurinacional. Pese al contexto político adverso, la Carta Magna expresaba el sentir de la mayoría poblacional. Manifestaba la necesidad de la construcción de un nuevo país, uno más justo y equitativo. Sin embargo, hoy es afectada y debilitada por actores que antes la habían alentado y defendido.Y este 2024 llamó la atención que las fuerzas opositoras demanden el cumplimiento de la Ley de leyes, cuando, en medio de una guerra interna sin cuartel, el Movimiento Al Socialismo la puso en crisis.

La Constitución es apenas quinceañera y ya sufre serios achaques que ponen en duda su consistencia y aquello ocurre cuando las organizaciones políticas plantean que el proyecto de cambio emergido en las elecciones de 2005 llegó a su fin. Este año ha quedado en evidencia que la llamada independencia y separación de órganos no existe. Un par de magistrados de una de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional son más poderosos que el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral.

La Ley del Régimen Electoral define que “todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y colectiva, y sin ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado y las leyes”, sin embargo, el domingo 15 de diciembre, solo una parte de la población boliviana, que es el soberano, podrá ejercer su derecho al voto.

La Carta Magna establece que los órganos deben coordinar y cooperarse para beneficio del soberano, pero este 2024, la disputa en el mismo Legislativo ha sido dura, mientras que la Asamblea y el Ejecutivo se han bloqueado por todos los medios.

“La crisis interna del MAS ha devenido en una crisis constitucional del Estado Plurinacional. Creado en 2009 para resolver mediante la interculturalidad, la profunda grieta étnica, social y regional entre los bolivianos, el Estado Plurinacional es hoy, 15 años después, un marasmo de dudas e inconsistencias. Si bien la crisis se agravó en septiembre de 2022, cuando Evo decidió romper con Lucho, sus primeros remezones ocurrieron en 2019 cuando una movilización ciudadana de 21 días paralizó el aparato estatal y obligó a Evo Morales a renunciar y huir hacia México”, evalúa el periodista Rafael Archondo.

Precisamente esa disputa originada por la determinación cerrada de Evo Morales por volver a postularse en las próximas elecciones provocó una crisis institucional, que anuló las posibilidades del diálogo y el acuerdo en los espacios formales y abrió el escenario de la calle y, por lo tanto, del bloqueo. Este año dos prolongados bloqueos afectaron a la economía pero, peor aún, destruyeron las opciones para la negociación.

Así hasta el conservador Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz recluido en Santa Cruz, demandó el respeto a la CPE. “¿Cuántas amenazas, actos violentos y violaciones a la Constitución, que ponen en riesgo la vida de los bolivianos, tenemos que soportar sin que los verdaderos responsables rindan cuentas ante la ley y la justicia?", escribió.

La desinstitucionalización de Bolivia viene de la mano de la crisis económica, política, social, jurídica, ambiental y, lo más importante, de una crisis moral. “Este año hemos empezado a cosechar todo lo malo que se ha sembrado durante años”, enfatizó el analista político, Paul Coca.

“Por último está claro que hay porciones enormes del país en las que el estado de derecho no existe y tampoco alguna clase de autoridad equidistante. El Chapare es una republiqueta en la que ni la Policía ni el Ejército operan con normalidad. Es la peor situación imaginable para una región que produce millones de dólares bajo la mesa.

Ahora bien, los escenarios por los que pasó Bolivia no son un simple cuento pasajero que se archiva en su historia, sino una antesala de los conflictos que se asoman para el 2025, un año electoral que es amenazado por la incertidumbre.  Y, ¿por qué los hechos acontecidos en 2024 fueron la gota que rebalsó el vaso e hizo incuestionable la crisis institucional?

LOS HITOS DE UNA CRISIS PROFUNDA

 

• El 2024 empezó con la disputa por la prórroga de magistrados del Órgano Judicial que negaron su salida del poder argumentando que “el país no podía quedar sin autoridades” en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, pese a que la decisión era una clara vulneración a la CPE.

 

• El hecho desencadenó un prolongado bloqueo de carreteras en enero y febrero que culminó con un acuerdo político para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una nueva convocatoria para elegir a los futuros magistrados.

 

• Desde este momento, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “autoprorrogado” asume un papel de “cogobierno” con el Órgano Ejecutivo, según Coca. Los fallos de salas constitucionales departamentales paralizaron en más de dos ocasiones a las comisiones legislativas en su responsabilidad de seleccionar a los postulantes.

 

• Cuando las elecciones judiciales ya fueron pactadas para el 1 de diciembre, una serie de recursos, amparos y fallos nuevamente frenaron su desarrollo. Y una resolución de última hora del TCP declaró desiertas las elecciones en algunos departamentos, de tal manera que habrá bolivianos que mirarán de palco el acto electoral incompleto.

 

• El Órgano Legislativo, en medio de divisiones y bochornosas sesiones, no aprobó los créditos internacionales solicitados por el Ejecutivo ni abordó otras medidas para el avance de la gestión. Además, la ALP está descuartizada por 10 facciones surgidas de las tres bancadas lo que hace mucho más lejano un acuerdo entre ellos.

 

• Otro de los eventos que sembró inestabilidad en el país fue el intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. El movimiento militar de tres horas puso en ascuas a las las instituciones políticas del país que fueron anuladas en su capacidad de reacción.

• Y, uno de los últimos eventos que dejó mucho de qué hablar es la elección del nuevo presidente del TCP que desplaza a Paul Franco del cargo y designó a Gonzalo Hurtado en su lugar, uno de los magistrados cuestionados por emitir una serie de fallos en contra de las judiciales y favorecer al MAS arcista.. El ministro de Justicia, César Siles, advirtió de una crisis institucional y, nuevamente, una posible violación a la Constitución.

 

• El origen de la actual crisis se halla en el IX Congreso del MAS realizado en Montero a fines de 2016, cuando el MAS “se convirtió en el principal enemigo de la democracia boliviana cuando decidió buscar la habilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones de 2019 pese a que un referéndum un año antes había cerrado definitivamente esa posibilidad”, apunta Rafael Archondo.

 

• Y el 14 de octubre se inició un bloqueo de carreteras protagonizado por el evismo con el fin de obligar al gobierno de Arce a que Evo Morales sea admitido como canidato a las elecciones presidenciales. No hubo tal, pero sí la ruptura en el MAS ha sido total e irreversible. Tampoco hubo muertos, como esperaba el exministro Jun Ramón Quintana. Sin embargo, quedó en evidencia que el Chapare es un territorio sin ley ni estado, que se rige por los designios de Morales, tal es así que el Viceministro Johnny Aguilera pidió garantías para que la Policía retorne al trópico.

 

• Finalmente, otro rostro de la crisis es una resolución de una Sala del Tribunal Constiticional que establece que Evo Morales ya no es Presidente del MAS, que ese cargo recae ahora en Grover García. Y tras otro fallo constitucional, el TSE obró en consecuencia y le pidió a García que acredite a sus delegados.

 

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