La minería se ha convertido en una actividad lucrativa y a la que se puede ingresar sin tener un gran capital o muchos conocimientos. Sin embargo, las normas bolivianas que rigen las actividades del sector son numerosas y estrictas: para comenzar, al margen de la empresa estatal, para hacer minería hay que constituir una empresa o una cooperativa; las organizaciones comunitarias no están permitidas. Es necesario haber hecho un estudio de impacto ambiental y, a partir de él, haber planteado las medidas preventivas, correctivas o de mitigación para evitar el impacto ambiental negativo. Se tiene que firmar un contrato con la AJAM para adquirir derechos de uso y aprovechamiento del mineral extraído. El área solicitada tiene que estar libre. Hay que cumplir la función económica y social, lo que supone generar empleo sostenible, contribuir al desarrollo local y muchas otras obligaciones propias. Se debe compensar a la región de donde se extrae el mineral con un porcentaje del valor extraído. Se debe cancelar todos los impuestos definidos en la estructura del país. No se debe delegar el trabajo principal, es decir, nadie debe hacer el trabajo en lugar del que tiene el derecho. Hay que reservar un dinero para remediar el daño ambiental que la actividad minera provocó. Si el operador es una cooperativa, está prohibido de asociarse con empresas privadas manteniendo su estatus de cooperativa y todos los beneficios asociados.
Se han dado muchas actividades ilegales en los últimos años. Por ejemplo, personas que, escudadas en comunidades, han avasallado operaciones mineras legalmente establecidas. En algunos casos, el gobierno logró restablecer los derechos de los operadores legales; pero, en otros, los avasalladores constituyeron una cooperativa nueva y ya fue imposible expulsarlos.
En algunas situaciones, los operadores mineros son presionados por las comunidades para permitirles realizar sus tareas, cobrando una tasa convenida o impuesta. Esto está fuera de la norma y sólo refleja las debilidades del Estado para promover un desarrollo ansiado por las comunidades; pero inalcanzable por diversos factores. Estas comunidades asumen posiciones ilegales; pero podrían aprovechar la presencia de las operaciones mineras para generar una economía alternativa, apalancada por la minería.
¿Por qué hay comunidades que rompen las normas y se atreven a asumir posiciones radicales en contra del Estado de derecho? Desde hace varios años, la institucionalidad ha sido profundamente debilitada en Bolivia, la credibilidad de las instancias que deben hacer respetar las reglas está venida a menos y los individuos, organizaciones o comunidades buscan resolver sus problemas por su propia cuenta.
La sostenibilidad de la minería comienza con el hallazgo o confirmación de nuevos yacimientos. Esto sólo puede lograrse con un trabajo intenso de exploración. Esta actividad es de alto riesgo y de inversión pura. Puede durar mucho tiempo y tener resultados negativos. Estas características impiden que sea el Estado quien se haga cargo de financiarla. El papel de la empresa privada es crucial en este punto de partida de una nueva operación minera.
El gobierno debe garantizar el buen desarrollo de esta etapa porque de ella depende el futuro de la minería nacional. Las empresas o personas que arriesgan un capital para explorar están bajo la protección del Estado quien debe asegurarles estabilidad, respeto a sus derechos y apoyo institucional para que desarrollen su trabajo en un clima de paz, siempre y cuando cumplan las normas nacionales.
Lo evidente es que, en Bolivia, la informalidad, la irregularidad, el aprovechar el mínimo resquicio que deja el marco regulatorio son señal de inteligencia y astucia y han definido un esquema en el que lo legal aparece como ingenuo y lo ilícito, como normal. En este contexto, la gente se siente obligada a aprovechar las debilidades que tiene el Estado para controlar el cumplimiento de sus normas con el fin de obtener algo que vaya más allá de lo que definen las reglas.
En el caso de la minería, voces de analistas, líderes locales y comunicadores muestran el escaso aporte del sector al Estado y se consideran con derechos para presionar a las empresas para que mejoren su contribución; sin considerar que es el gobierno quien ha determinado lo que debe ser pagado por estos operadores. Lo que tendría que llevarse a cabo es una evaluación de las normas, considerando la evolución de los precios internacionales, de los costos operativos, de la naturaleza de los operadores, del cumplimiento actual, de la eficiencia de los mecanismos de control del Estado para establecer un mecanismo de actualización que considere todos esos factores mencionados.
La ilegalidad, en muchos casos, es señal de que llegó el momento de revisar las normas y de ajustar los mecanismos de control. Pero no debe descartarse el clima que se ha creado en el país con la destrucción de la institucionalidad desde las personas encargadas de cumplirla y fortalecerla. El Estado debe dar las señales de promover la reconstrucción y reforzamiento de la institucionalidad en todos los sectores de la vida nacional.
