La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata, que refieren la anulación de obrados hasta fs. 2 de los antecedentes; considerando que la causa penal inició el 19 de noviembre de 2019, a la fecha, habrían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal.
“En este sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de nuestra labor de seguimiento al proceso de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva, se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de dichos procesos, manifestando su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva”, informó la Defensoría del Pueblo.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) devela la vulneración de derechos humanos en los hechos del 2019, y en sus recomendaciones expresa la necesidad de: investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva y de las personas imputadas y procesadas.
Asimismo, se solicitó al Fiscal General del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima informen sobre las acciones realizadas, según sus competencias, para garantizar mecanismos y medidas de protección adoptadas con otras instancias del Estado para mantener bajo reserva la identidad, individualización o localización de las personas denunciantes, víctimas y testigos dentro del proceso de Senkata, conforme la Ley N° 458. Así como informen que gestiones se realizan y realizarán para que el Estado cumpla con las recomendaciones del GIEI Bolivia, entre otros aspectos.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar y vigilar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados, así como de exigir al Estado que adopte medidas que garanticen que el juicio de responsabilidades no se convierta en un mecanismo para diferir indefinidamente el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos
//
