La tarde de este jueves, el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, del departamento de Potosí, desestimó el pedido de acción popular que presentó una organización campesina en contra de tres contratos para la explotación y producción de litio en el salar de Uyuni. La medida judicial dejó sin efecto la medida cautelar de poner en suspenso la suscripción de los tres acuerdos, por lo que deben continuar su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El juez que atendió la solicitud de acción popular dictó: “Resuelve denegar la tutela solicitada a través de la acción popular interpuesta por Iván Calcina Copa, Eliseo Yave y Gustavo Fausto en representación de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez. Segundo, se dispone dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por resolución del 27 de mayo de 2025”, dictó el juez.
Tras la audiencia en la que participó la Defensoría del Pueblo, la autoridad judicial “exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, de manera urgente e inmediata, elabore y apruebe una ley general de consulta previa que garantice los derechos de las comunidades indígena originaria campesina en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la Constitución Política del Estado”.
El recurso fue presentado el 12 de mayo por la dirigencia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) en contra de YLB y las empresas Hong Kong CBC Investment Limited y Uranium One Group Joint-Stock Company.
En septiembre de 2024, YLB y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el contrato para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología EDL, con una inversión superior a los $us 970 millones.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, publicó a través de su cuenta en X, que “Esta acción, que busca proteger los derechos colectivos de 53 comunidades indígenas en Nor Lípez, Potosí, también aborda el tratamiento legislativo de los contratos de litio. Nuestra prioridad es garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos durante este importante proceso”.
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