La discusión sobre la redistribución de competencias y recursos entre los distintos niveles del Estado en Bolivia ya no puede postergarse, especialmente tras la publicación oficial de los resultados del último Censo de Población y Vivienda a finales de año 2024. No se trata únicamente de un debate técnico, sino de una necesidad urgente para mejorar la gestión pública y acercar los servicios a la población.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en sus disposiciones transitorias, es clara; tras la publicación oficial de los resultados del Censo de Población y Vivienda, se debe encararse un análisis técnico que abra la puerta a replantear el modelo de gestión estatal. Esta tarea, supone la elaboración de una propuesta que examine con rigor las fuentes de los recursos públicos, así como la asignación y el ejercicio de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Un proceso que, además, debe ser encabezado por el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Durante años, los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipios) han asumido responsabilidades crecientes en áreas como salud, educación, infraestructura y servicios básicos. Sin embargo, este proceso no ha estado acompañado de una asignación proporcional de recursos, generando brechas que limitan su capacidad de respuesta y afectando a la calidad de los servicios prestados a la población.
Frente a esta realidad, surge la necesidad de avanzar hacia un modelo más equilibrado de distribución de competencias y financiamiento. Un enfoque orientado a una relación más equitativa entre responsabilidades y recursos permitiría fortalecer las autonomías y mejorar la eficiencia del Estado en su conjunto.
El primer paso es construir un inventario claro de las competencias exclusivas y concurrentes en cada nivel de gobierno. Hoy, la falta de precisión provoca duplicidades, conflictos institucionales y un uso ineficiente de los recursos. Contar con un mapa actualizado permitirá ordenar responsabilidades y evitar superposiciones.
El segundo paso es cuantificar el gasto público asociado a cada competencia. Saber cuánto cuesta cada servicio, quién y con que fuentes se financian. En este contexto, se requiere una matriz de gasto por niveles de gobierno que evidencie las brechas entre obligaciones y recursos disponibles.
Un tercer paso es redefinir la reasignación de competencias, asegurando que cada nivel de gobierno cuente con capacidades institucionales y financieras reales. No se trata solo de transferir responsabilidades, sino de garantizar condiciones efectivas para su cumplimiento.
Un cuarto paso es avanzar en una redistribución de los recursos fiscales (sin considerar recursos con destino específico como donaciones, créditos y otros) para construir un esquema más equilibrado y sostenible.
Finalmente, la descentralización debe consolidarse con mecanismos de seguimiento, control y evaluación. Solo midiendo resultados será posible ajustar el modelo y lograr que las autonomías mejoren efectivamente la calidad de vida de la población.
Bolivia tiene la oportunidad de avanzar hacia un Estado más equilibrado, donde las competencias y los recursos estén alineados. Lograrlo no solo fortalecerá las autonomías, sino que permitirá construir una gestión pública más eficiente, cercana y orientada a resultados.
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