El futuro no es algo separado, sino que ya está contenido en el presente. El tiempo es continuo y lo que llamamos “futuro” es simplemente el despliegue de lo que ya late en la actualidad. Aplicando esta premisa a la situación política tras las elecciones nacionales y subnacionales en el país, se verifica que no existen partidos con estructura organizativa ni visión de Estado. El sistema político se ha fragmentado en torno a liderazgos caudillistas y personalistas, agrupaciones ciudadanas de corto plazo y movimientos sociales sectoriales, lo que ha debilitado la construcción de proyectos de cambio verdadero.
Los factores que explican el debilitamiento de los partidos se agravan por la hegemonía de un sistema monopartidista sustentado en organizaciones sociales que ejerció el poder durante dos décadas. Bajo la emergencia de agrupaciones locales y pueblos indígenas, se promulgó la Ley de Agrupaciones Ciudadanas N.º 2771 el 7 de julio de 2004, la cual provocó una multiplicidad de organizaciones políticas que redujeron la cohesión nacional. Por ende, este sistema monopartidista atípico —que instrumentalizó y prebendalizó a las organizaciones de la sociedad civil— encontró su límite en el autoritarismo político y en la incapacidad de formular políticas públicas de desarrollo. Al asumir un estatismo a ultranza, las consecuencias se tradujeron en un debilitamiento democrático carente de partidos fuertes y en una “institucionalidad” dependiente de órdenes de jerarcas verticalistas, que terminó por convertir al Parlamento en su “patio trasero”.
Las elecciones de 2025 y los límites del análisis político estuvieron precedidos por una oscilación de posturas respecto a las candidaturas presuntamente ganadoras; muchos politólogos no lograron anticipar el desenlace. La victoria de Rodrigo Paz fue sorpresiva, pues los sondeos lo ubicaban apenas con un 8–9 % de intención de voto, pero terminó alcanzando más del 32 % en primera vuelta y consolidándose en el balotaje. Esa brecha entre las encuestas y el resultado real dejó en evidencia las limitaciones de los análisis previos. Tras el resultado, como por una revelación divina, la mayoría de los analistas atribuyeron esta victoria a la figura del policía Edman Lara, y este se lo creyó a pies juntillas. Lo que algunos analistas no comprenden es que el voto corporativo e identitario de la región occidental no es compatible con las características del señor Lara, a menos que este hubiera recorrido la mayor parte de la geografía física del país. A estas alturas, un candidato con la indumentaria indígena que Lara suele vestir en ocasiones —emulando a Carlos Palenque— ya debería concentrar el apoyo de multitudes, especialmente con el valor agregado de ser opositor tanto al gobierno como dentro de su propia estructura.
¿Qué significa esto para el análisis político? Los modelos tradicionales de predicción (encuestas y análisis de partidos) no captaron la dinámica real del electorado. Los analistas deberán incorporar con mayor rigor factores sociales, digitales y territoriales para entender futuros procesos. En otras palabras, la politología quedó rezagada al aplicar esquemas clásicos a un escenario que cambiaba con rapidez.
En este marco explicativo, asistimos a elecciones subnacionales con una frondosa participación de candidatos, donde la dispersión del voto fue casi proporcional. Esta situación manifiesta la imperiosa necesidad de que los actores políticos aprendan a gobernar en coalición; sin pactos, la fragmentación se convierte en parálisis, inestabilidad política y la subsecuente ingobernabilidad.
Lo que debe asumirse proactivamente es la teoría crítica como instrumento en este escenario de reconfiguración del sistema político. Las organizaciones políticas deben reinventarse con una representación más cercana a la sociedad civil y menos basada en la "juntucha".
Al respecto, se realizan reuniones de análisis de toda índole, desde organizaciones sociales hasta políticos de diversa formación. En estos espacios es recurrente el uso de una jerga habitual que, muchas veces sin respaldo argumentativo racional, abusa de conceptos como izquierda, derecha, socialismo y neoliberalismo. Y, al igual que en la Edad Media, cuando el debate excede lo racional, se recurre a los argumentos ad baculum o ad hominem para intentar persuadir al adversario.
Esta práctica de debate tiene larga data en el país; en la historia reciente, se remonta al periodo previo a 1952, cuando se produjeron cambios significativos en la transformación del Estado y la sociedad. Con la Revolución de 1952 se inició un ciclo estatista de la economía bajo la consigna de "tierras al indio y minas al Estado". Ese largo ciclo, denominado por muchos como capitalismo de Estado —aunque en la práctica se ajustó más a un estatismo a secas con legado colonial—, agotó su modelo durante el gobierno de la UDP (Unidad Democrática y Popular).
Posteriormente, se entró en la etapa denominada neoliberalismo (1985–2005). Tras una fuerte crisis inflacionaria y desequilibrios macroeconómicos sin precedentes, se aplicaron reformas de ajuste estructural. En 1994, con las medidas de capitalización, se propuso un modelo donde el 50 % de las empresas estratégicas pertenecía al Estado boliviano, administrado a través de fondos de pensiones, con el objetivo de que los ciudadanos fueran accionistas directos; una pretensión que nunca se cumplió. Si bien se estabilizó la economía, persistieron las desigualdades sociales y se debilitó el rol del Estado. La movilización social impuso entonces la "Agenda de Octubre", que dio inicio al socialismo comunitario (2006–2019), impulsando un modelo basado en la nacionalización de recursos, la redistribución y el protagonismo de los movimientos sociales. Se habló de pluralismo económico, jurídico y de una transición hacia el "Vivir Bien".
Para entender este fenómeno es necesario recurrir a Gramsci, quien, en sus tesis sobre la hegemonía cultural, los intelectuales orgánicos (conexión entre teoría y práctica social) y la guerra de posiciones, planteaba que la lucha política se libra en el terreno cultural, educativo y mediático. De esta manera, la academia (universidades, magisterio y centros de investigación) se constituyó en difusora de esta ideología. Asimismo, diversas organizaciones no gubernamentales con influencia en la CSUTCB lograron apropiarse de estos espacios con dirigentes adoctrinados bajo sus teorías. Incluso la Iglesia secundó esta corriente en una supuesta búsqueda de unión entre la fe cristiana y la justicia social, promoviendo la "opción preferencial por los pobres". La izquierda en Bolivia ha tendido a manipular a las organizaciones sociales mediante el indigenismo, pero también es cierto que muchos dirigentes encontraron en la izquierda un vehículo para satisfacer intereses económicos individuales.
Como conclusión y moraleja: ante el fin del ciclo del MAS y la necesidad de organizaciones políticas con estructura, liderazgos y programa para tomar el poder, es imperativo disputar la cultura, las ideas y el sentido común. Al respecto, el gobierno actual ha conformado un gabinete ministerial incoherente, casi un "Frankenstein", donde permanece la maquinaria del MAS. Es más, se contrata en puestos clave, bajo la etiqueta de "renovación", a los mismos personajes de siempre. Existen muchos casos, pero basta citar el Decreto Supremo 5552, mediante el cual el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia se traslada al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Tierras. Asimismo, en áreas de vital importancia para la formulación de nuevas tesis, como los espacios de revisión de lo que se entiende por descolonización, se provocó la renuncia de personalidades idóneas para improvisar con autoridades de dudosa procedencia política. Por las características del gobierno actual, el futuro no es auspicioso para un cambio sustantivo; aunque se declare que es un gabinete técnico, en los hechos no es más que un armatoste político.
Moisés Gutiérrez Rojas
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