El reciente anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre una ley que, según sus propias palabras, beneficiará a más de 100.000 pequeños empresarios, gremialistas, cuentapropistas, transportistas y artesanos, ha sido presentado como una medida de alivio económico para sectores afectados por la desaceleración económica y las dificultades que atraviesa el país. A ello se sumó la decisión voluntaria del mandatario y parte de su gabinete de reducir sus salarios en un 50%, en una señal de austeridad destinada a acompañar los esfuerzos que se piden a la población.
Ambas medidas han sido difundidas como muestras de compromiso con los sectores populares y productivos. Sin embargo, más allá del impacto político y comunicacional de los anuncios, corresponde preguntarse cuál será su efecto real y quiénes serán los verdaderos beneficiarios y beneficiarias.
La primera interrogante surge de la propia cifra presidencial. ¿Quiénes son esos 100.000 beneficiarios/as? Bolivia mantiene uno de los índices de informalidad económica más altos de América Latina. Diversas organizaciones gremiales sostienen que existen cientos de miles de comerciantes afiliados, mientras que algunas estimaciones elevan esa cifra a varios millones de personas vinculadas al comercio informal. Una parte importante de estos sectores desarrolla sus actividades fuera del sistema tributario formal o tributa únicamente a nivel municipal.
Por ello llama la atención que el número anunciado por el Gobierno coincida casi exactamente con el universo histórico de contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado. Este régimen agrupa principalmente a comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos que pagan cuotas fijas reducidas y están exentos de emitir facturas. En consecuencia, resulta legítimo preguntarse cuántos de las y los supuestos beneficiarios mantienen realmente deudas tributarias significativas susceptibles de ser condonadas y cuál será el alcance efectivo de la medida.
La diferencia no es menor. Una cosa es anunciar beneficios para 100.000 personas y otra demostrar cuántas de ellas tienen obligaciones tributarias pendientes que justifiquen un programa de alivio fiscal. Sin información detallada sobre el universo real de contribuyentes alcanzados, el anuncio corre el riesgo de convertirse más en una cifra políticamente atractiva que en una evaluación rigurosa de impacto económico.
Ello no significa que la medida carezca de sentido. Existen pequeños empresarios y trabajadores formalizados que acumularon deudas, multas o sanciones en un contexto económico complejo y que podrían encontrar en esta norma una oportunidad para regularizar su situación. Desde esa perspectiva, un programa de alivio tributario puede constituir una herramienta válida para facilitar la reincorporación de contribuyentes a la economía formal.
El problema aparece cuando las amnistías fiscales se convierten en una práctica recurrente. Todo sistema tributario se sostiene sobre un principio básico de reciprocidad: las y los ciudadanos cumplen sus obligaciones porque esperan que las reglas sean iguales para todos y todas. Cuando quienes han pagado puntualmente observan que otros reciben periódicamente condonaciones o reducciones de deuda, puede instalarse la percepción de que cumplir resulta menos conveniente que esperar el próximo perdón fiscal. Lejos de fortalecer la cultura tributaria, el Estado podría terminar debilitándola.
La misma reflexión puede aplicarse a la anunciada reducción voluntaria de salarios del Presidente y parte de su gabinete. Se trata de una decisión con evidente valor simbólico y que probablemente encuentre respaldo en una ciudadanía cansada de los privilegios de la clase política. Sin embargo, su impacto sobre las finanzas públicas es reducido frente a la magnitud de los desafíos fiscales que enfrenta Bolivia. El ahorro generado difícilmente modificará de manera sustancial el déficit estatal, el endeudamiento o las restricciones presupuestarias. Como ocurre con frecuencia en la política, el valor comunicacional de la medida parece superar ampliamente sus efectos económicos concretos.
Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en la voluntad política detrás de estos anuncios, sino en sus resultados. Las medidas simbólicas pueden transmitir mensajes importantes, pero no sustituyen las reformas estructurales que demanda la economía boliviana. La sostenibilidad fiscal requiere mejorar la eficiencia del gasto público, ampliar la base tributaria, reducir la informalidad y generar condiciones para el crecimiento productivo.
La transparencia también resulta indispensable. La ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión qué tipo de deudas serán condonadas, cuántos contribuyentes serán beneficiados y beneficiarias efectivamente, cuál será el costo fiscal de la medida y qué mecanismos se implementarán para evitar abusos o distorsiones. Sin esa información, el debate corre el riesgo de quedar atrapado entre la propaganda oficial y las críticas políticas, sin que las y los ciudadanos dispongan de elementos suficientes para evaluar la medida.
La discusión de fondo no es si los pequeños productores, comerciantes o transportistas merecen apoyo. Tampoco si los gobernantes deben dar señales de austeridad. La verdadera pregunta es si Bolivia seguirá respondiendo a problemas estructurales mediante medidas de alto impacto comunicacional o si avanzará hacia políticas capaces de fortalecer la formalización, la equidad tributaria y la confianza ciudadana.
Porque, al final, más importante que el número de beneficiarios anunciado en un discurso será la capacidad de estas medidas para generar resultados duraderos. En materia económica, como en la política, la diferencia entre una solución efectiva y un gesto simbólico suele encontrarse en la letra pequeña. Y es precisamente allí donde la ciudadanía debe concentrar su atención.
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