La crisis que enfrentamos no es solo política ni económica. Es, sobre todo, una crisis de esperanza. A pocos días de las elecciones generales, la mirada del país está puesta en este proceso como si fuera una última oportunidad, una salida, una posibilidad real de cambio, tras 20 años de un ciclo de poder.
Hoy más que nunca, existe una necesidad profunda de volver a creer. De recuperar el rumbo. De encontrar una luz en medio de tanta incertidumbre.
Por eso, cuidar nuestra democracia no es solo un deber cívico: es un acto de responsabilidad histórica. Preservar la institucionalidad, respetar la ley, garantizar la autonomía del Órgano Electoral y mantener la paz son pilares fundamentales para reconstruir la confianza perdida.
No podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos vidas, ni que el miedo silencie a quienes piensan diferente. Bloqueos con muertos, ataques a periodistas, amenazas a ciudadanos y discursos de odio solo profundizan la fractura social. Y sin paz, no hay elección legítima. Sin elección legítima, no hay futuro posible.
La tensión que se respira en las calles puede convertirse en explosión si no se elige el camino correcto. Por eso, es urgente que este proceso no se contamine con intereses mezquinos ni con ambiciones personales. El pueblo merece votar en libertad, con tranquilidad y con la certeza de que su decisión será respetada.
Tampoco podemos hablar de democracia real si los ciudadanos tienen miedo. La seguridad no es un detalle técnico ni un trámite logístico: es la base sobre la que se construyen elecciones libres, transparentes y legítimas.
Un Plan Operativo Electoral debe proteger a toda la ciudadanía, incluidos los candidatos. Debe asegurar la paz en las calles, cuidar cada recinto electoral y garantizar que el miedo no condicione el voto. Porque las campañas no pueden transformarse en escenarios de riesgo. No podemos tolerar que minorías organizadas impidan que determinadas voces lleguen al pueblo.
Este contexto exige respuestas firmes, medidas efectivas y una actitud clara frente a la amenaza. Hablar de seguridad electoral es hablar de compromiso con la democracia. Es anticiparse a los riesgos, neutralizar amenazas y evitar que la violencia empañe el proceso.
Pero no basta con vigilancia. Se necesita coordinación humana, logística, tecnológica. Y, sobre todo, voluntad política y ética. La ciudadanía debe sentirse respaldada. Debe saber que puede ejercer su derecho sin temor, en un entorno de paz, respeto y confianza.
A un mes de las elecciones presidenciales en Bolivia, debemos hacernos una pregunta urgente y profunda. ¿Estamos construyendo las garantías necesarias para que este proceso se desarrolle en un clima de paz, seguridad y plena libertad democrática?
Ojalá volvamos a vivir una verdadera fiesta electoral, donde la esperanza le gane al miedo, y donde cada ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir sin amenazas, sin presiones y sin temor.
Porque sin seguridad, no hay libertad real para elegir. Y sin libertad para elegir, no hay democracia posible.
Necesitamos creer que un país distinto es posible. Que podemos salir de esta encrucijada por la vía democrática, con respeto y dignidad. Que la voz del soberano sea escuchada y que gane Bolivia.
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