17 de agosto (Urgente.bo).- Tras que la jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, presentara un anteproyecto de ley que pretende darle inmunidad a todos los dirigentes y militantes, afines a su partido, que participaron del bloqueo de caminos que paralizó buena parte del país durante 12 días y que impidieron el paso de oxígeno a los centros de salud en La Paz, Oruro y Cochabamba , surgieron al reacciones, políticos, abogados, cívicos y el Gobierno rechazan la ley y la califican como "abuso de poder".
Rechazo
La diputada Lourdes Millares, descalifica la propuesta. “La pretensión del movimiento al socialismo de aprobar una ley que exima de responsabilidades a los bloqueadores que han generado desabastecimiento de oxígeno a los hospitales de nuestro país es definitivamente una muestra del abuso de poder del MAS”—agregó—“Esta ley sería la ley de la impunidad, la ley del encubrimiento y protección a delincuentes por lo cual rechazamos profundamente”, dijo en contacto con Unitel.
Por su parte la candidata vicepresidencial Tomasa Yarhui manifestó: “El parlamento no puede sacar leyes de impunidad no puede proteger delitos, de ser así ellos están protegiendo delitos que pueden ser juzgados de la misma manera”.
El presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó: “Estamos peleando por vida, llevando vida y ellos bloquearon para que la gente se muera, para que no haya oxígeno y ahora esta diputada, “bellaca” de diputada, presenta esta barbaridad. Esto si es terrorismo y si esto se aprueba estamos con un parlamento lleno de terroristas y asesinos que no vamos a permitir”
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, advirtió que la aprobación de una norma de estas características no sólo está vulnerando la Constitución Política del Estado, sino un conjunto de normativas internacionales.
"Les estamos exhortando a los legisladores del Estado boliviano para que cumplan con la Constitución, con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Les estamos alertando que de continuar con la continuidad de ese proyecto, van a hacer incurrir al Estado en responsabilidades internacionales", puntualizó el jurista.
Qué dice el Gobierno
El Gobierno anunció, este lunes, que utilizará dos normas aprobadas durante el gobierno del MAS para iniciar procesos penales a las personas que usaron armas de fuego y explosivos en los bloqueos y marchas de las pasadas semanas.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que la Ley 400 del 18 de septiembre de 2013 y el Decreto Supremo 2888 del 1 de septiembre de 2016 prohíben el uso y tenencia de armas de fuego y explosivos en movilizaciones sociales.
Por su parte Rafael Quispe, jefe de la unidad de Coordinación con Movimientos Sociales, cuestionó que los legisladores del MAS pretendan encubrir a aquellos dirigentes que vulneraron los derechos fundamentales de la población. Anunció que todos los que participaron de estas actividades serán procesados en la vía penal, por las muertes que se produjeron por causa del prolongado corte de las rutas.
Organizaciones sociales piden salvoconducto
Las Federaciones de Campesinos Túpac Katari y Bartolina Sisa, a través de un pronunciamiento, pidieron al legislativo una ley de salvoconducto para evitar ser procesados por los hechos que protagonizaron desde el pasado 3 de agosto; la ley protegerá a dirigentes y organizaciones sociales.
¿Qué dice la norma?
La ley extraordinaria establece la protección y no criminalización de dirigentes sindicales, líderes sociales y cualquier persona movilizada en agosto en defensa de la vida, democracia y la educación.
Tiene por objeto ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los derechos más favorables contenidos en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo a la ciudad, que en ejercicio a sus derechos civiles, políticos y sociales, participaron de las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de la CPE Y LA LEY N°1304.
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