Durante casi dos décadas, la política sudamericana estuvo dominada por gobiernos de izquierda. Con un fuerte apoyo electoral y un discurso populista, estos regímenes ampliaron la intervención del Estado en la economía, empoderaron a sectores sociales, resistieron la inversión privada, promovieron una nueva estructura institucional y, en algunos casos, reescribieron el pacto constitucional en sus países. Ese ciclo se está revirtiendo con una velocidad notable.
Las elecciones del último lustro en la región muestran un avance sostenido hacia gobiernos que, con distintos matices, privilegian el modelo liberal, es decir, la apertura económica, la inversión privada y la reducción del aparato público. Sucesivamente, países como Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile votaron por un cambio hacia la derecha, sumándose al Paraguay que no salió de este modelo y Venezuela que se asume socialista solo en la forma, Uruguay que se mantiene en este régimen con grandes dificultades políticas, y Brasil que decidirá su destino en las elecciones de octubre.
Aunque sería un error afirmar que existe homogeneidad política, puede sostenerse que, por primera vez en muchos años, la principal diferencia entre los países del subcontinente dejará de ser ideológica.
Al margen de sus consecuencias geopolíticas, este cambio continental plantea interrogantes sobre qué tipo de región podría surgir cuando la mayoría de los países compartan una visión favorable al mercado. Por ello, más que analizar las causas del giro hacia el liberalismo, la cuestión relevante es considerar si este cambio pendular puede garantizar el crecimiento uniforme y sostenido del subcontinente y el fortalecimiento de los procesos de integración.
Inicialmente, debemos asumir que es un error considerar que todos los gobiernos liberales representan un mismo proyecto. De hecho, se pueden generar cuando menos dos tendencias. Por un lado, el liberalismo moderado, que busca combinar capitalismo con políticas de protección social; mantener un Estado regulador fuerte pero no empresario; sostener las políticas sociales; e implementar reformas graduales antes que transformaciones disruptivas. Aquí se inscriben Ecuador y Bolivia.
Por otro, el liberalismo reformista, que pretende un cambio más rápido y significativo, reduciendo el tamaño y la intervención del Estado; impulsando privatizaciones, flexibilizando las regulaciones; atrayendo inversión privada masiva y; cambiando la legislación laboral y tributaria para mejorar la competitividad. Argentina es el mejor ejemplo, aunque pueden sumarse Colombia, Perú y Chile, y eventualmente Brasil según el desenlace de sus elecciones de octubre.
La diferencia entre ambas tendencias radica en las restricciones institucionales. En los casos de Bolivia y Ecuador, los gobiernos de izquierda cambiaron sus constituciones y empoderaron a sus movimientos sociales, creando cerrojos y trampas difíciles de esquivar, lo que no ocurrió en los otros países. Unos pueden legislar sobre una arquitectura institucional neutra, mientras los otros están obligados a operar en modelos diseñados con una lógica económica y social específica que no se puede reformar por decreto ni por simple alternancia electoral.
Estas diferencias son importantes porque pueden condicionar la integración regional. Una cosa es coordinar economías abiertas y otra muy distinta es armonizar países donde unos mantienen amplios sistemas de protección social mientras otros reducen drásticamente la intervención estatal. La convergencia ideológica no elimina las diferencias nacionales.
Otro problema emerge cuando el mismo mercado que facilita la integración también intensifica la competencia. Cuando todos intentan atraer inversión con herramientas similares, la competencia deja de darse solo entre empresas y empieza a trasladarse hacia los Estados, generando el riesgo de una "carrera hacia abajo" que erosione estándares laborales o ambientales.
A esto se suma la enorme desigualdad entre los países. Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile tienen economías considerablemente mayores que las de Bolivia, Paraguay, Ecuador o Uruguay. Cuando todos compiten bajo reglas semejantes, las economías grandes atraen inversión con mayor facilidad, porque tienen mercados internos más grandes, sistemas financieros más sólidos y previsibilidad jurídica. Las pequeñas corren el riesgo de especializarse solo en materias primas, generando más desigualdades regionales que no responden a diferencias ideológicas sino estructurales.
Entre todos los países, Bolivia enfrenta un desafío particularmente complejo. Si el resto del subcontinente consolida estabilidad macroeconómica mientras nuestro país permanece atrapado en conflictos sociales constantes, perderemos competitividad regional. La inversión buscará mercados más previsibles con más seguridad jurídica y los acuerdos comerciales tenderán a excluirnos. La historia demuestra que los países no prosperan por coincidir ideológicamente con sus vecinos, sino por estar preparados para competir con ellos.
Las elecciones cambian presidentes; las constituciones cambian Estados. Cuando ambos procesos avanzan en direcciones distintas, la gobernabilidad deja de depender del resultado electoral para convertirse en un problema de arquitectura institucional. Ese es el gran desafío boliviano: integrarse a una Sudamérica que ingresa en un nuevo ciclo político sin quedar atrapada en las inercias del ciclo anterior. En un continente que parece encaminarse hacia una etapa de convergencia en torno al mercado, el mayor riesgo para Bolivia no será la diferencia ideológica, sino el aislamiento estratégico.
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