La Paz, 22 de septiembre (Urgentebo- El Compadre).- La justicia es un mal que golpea duro a la población, lejos está de satisfacer las necesidades que se demanda. El caso del médico Jhiery Fernández sentenciado a 20 años por violación al bebé Alexander y que mediante un audio de la juez se rebeló su inocencia es la clara muestra de que en el país rige una justicia indolente y corrupta. Como este caso, hay varios.
Jueces y fiscales perdieron toda credibilidad: “No se ha cumplido con ese deber sagrado. Tenemos males que aquejan como ser la retardación de justicia, la falta de acceso a la justicia, la corrupción la mala impartición”, cuestionó el Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Gonzalo Alcón Aliaga.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander, de ocho meses, perdió la vida por paro cardiorrespiratorio, al día siguiente inició el calvario del médico Jhiery Fernández, quien se encuentra desde hace cuatro años en la cárcel de San Pedro cumpliendo una condena por equivocación de la forense que fue encubierta por los investigadores y la Fiscalía, que sabían que Fernández era inocente.
“Con el (juez) que cambie (de cargo) me dijo: es inocente el médico, yo no puedo sentenciar, Paty; tengo miedo, no puedo, cambiaremos de cargo”, señala la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes.
En julio de 2017, Reynaldo Ramírez, fue sentenciado a 30 años de cárcel por feminicidio que no cometió. Ramírez pasó dos años y medio de su vida en la cárcel de Palmasola. El fiscal Marcelo Delgadillo lo acusó y los jueces Alberto Paz y Mery Mojica lo condenaron a 30 años sin derecho a indulto por un delito que no cometió.
La Policía estableció su inocencia y admitió un error porque, según testigos, tenía similar apariencia físico con el verdadero asesino que luego fue presentado como el verdadero autor del crimen.
Oscar Auza, abogado, denunció al fiscal Marcelo Delgadillo por negligencia y tozudez, porque conocía el hecho desde el principio, pero lo había ignorado.
En julio de este año Alfredo Pinedo fue detenido por la policía por el supuesto delito de violación a una niña de 9 años con síndrome de Down, en el barrio San Luis de Sucre, Bajo Tucsupaya, ubicado a medio camino hacia el Aeropuerto Juan Azurduy de Padilla.
Alfredo de 21 años estuvo en prisión 14 días, temía ser abusado por los reos. Los fiscales respaldados en unas imágenes borrosas de una cámara casera, solicitaron a una jueza encarcelarlo, cuando todo el día no había salió de su trabajo.
El caso de la una policía que se encontraba en la Academia de Policía en Llallagua Potosí que falleció por violencia física (golpes en la cabeza y el cuerpo) tras una recepción social. El primer examen forense señala contradicciones, indica que la policía había recibido goles pero que no había ingerido bebidas alcohólicas. Y el segundo examen señala que la cadete había ingerido cantidades enorme de droga, de ser habría fallecido inmediatamente, “Hay se ve encubrimiento, manipulación de los informes del IDIF puesto que uno de los imputados es policía”, dijo Franco Albarracin, secretario Jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
El Consejo de la Magistratura registró el caso de una persona que accedió el tiempo de su condena por tres años más en la cárcel por la falta de asistencia y conocimiento del juez y fiscal que olvidaron su caso. También hubo casos de personas que fueron enviados a la cárcel preventivamente sin haber cometido el delito y que luego aparecieron los verdores delincuentes. Como estos hay varios.
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