El temor a la dictadura o a cualquier forma de imposición es un miedo muy básico. Toda imposición, todo lo ilegal termina mal, más aún cuando se le roba al electorado su derecho a elegir a sus gobernantes en las urnas; si se insiste en robar cargos públicos se destruye la credibilidad en las urnas y se destruye la confianza en la democracia. A la gente le ha tocado enfrentar a políticos profesionales que no son fieles a sus convicciones, que imponen candidaturas y que tienen la osadía de impedir que la gente vote en segunda vuelta, erosionando las instituciones invisibles que sustentan la democracia (legitimidad, autoridad y confianza) e instalando en el imaginario popular un pensamiento de cardumen que es imposible cambiar con un punto de vista diferente ¿Si mi voto no vale ni se respeta para que me hacen votar?, ¿Puede la arrogancia de unos pocos de dudosa integridad enmascarar el desprecio al voto de las personas comunes y a su vida cotidiana de sufrimiento usándola simplemente como materia prima? ¿Por qué se incita a robar los cargos públicos si en este país ya no hay mercancías ni dinero que robar?.
En “La carta robada” Edgar Allan Poe hace saber que un verdadero analista es aquel que percibe irregularidades donde todos ven regularidad, es aquél que ve más allá de lo normal. Aunque no hay un verdadero analista, neutral ni imparcial (pues todos tenemos sesgos) Dupin es el analista que descifra el problema de la carta robada. Entonces, para los que ven un más allá en la cuestión de la gobernación como “El cargo robado” éste no es sólo cuestión de legalidad y de legitimidad, es ante todo la percepción pública de una confabulación.
Aristóteles en su “Retórica” señala que la política comienza cuando faltan evidencias y pruebas irrefutables. Esto significa dos cosas, primero que el relato de la confabulación y la corrupción no dan facturas pero que pueden ser descifrables, segundo que la decisión política gubernamental a través del TSE de imponer mañosamente un gobernador por miedo a perder en la segunda vuelta haciendo aparecer una carta intempestivamente no tiene credibilidad ni la capacidad de convicción y persuasión frente a un público que percibe la existencia de otras alternativas constitucionales (segunda vuelta); en otras palabras no es admisiblemente creíble que se coarten derechos a una candidatura y al electorado paceño porque supuestamente el dueño de una sigla ya no quiere competir. De nuevo, Aristóteles nos dice que la retórica “es la facultad de discernir en cada circunstancia lo admisiblemente creíble” (Roth, 2018, p.111); por lo tanto, retórica y democracia son indisolubles y, nadie se traga el cuento de la carta del gerente propietario de un taxi partido (NGP) que termina robando el cargo de gobernador a la voluntad popular que tiene el derecho democrático de elegir en el Departamento de La Paz.
El sospechoso principal de la manipulación electoral para robarle el cargo al departamento de La Paz no es la ausencia de legalidad o la falta de legitimidad sino la decisión política del bloque en el poder de impulsar una confabulación entre bastidores. En una coyuntura de abierta desdemocratización ya no importa cuál fue el detonante de la ira popular que se acumula y se dota de dirección política; lo importante es saber si tendremos una segunda oportunidad para defender la democracia y enfrentar la política como destrucción clandestina, como un asunto de castas, de apellidos y de amigotes.
No somos tontos, no nos estamos chupando el dedo, podemos ver más allá de las apariencias. Ya no estamos en el siglo XX donde el secretismo del poder era inaccesible; hoy contamos con innumerables herramientas como la dietrología o el assessment que nos permiten dar cuenta de la política detrás de bastidores y como se toman decisiones de gobierno. La Paz no tiene gobernador, quizás llegue a tener prefecto por obra de una nueva “banda de los cuatro”; si hay un cargo robado hay la comisión de delitos que debo decir no podría, sino que deben ir a prisión sus confabuladores por atentar contra los valores fundamentales de la democracia y violar la soberanía popular.
Todo indica que el Presidente del Estado, el que preside el TSE y el que pretende la gobernación por medios ilícitos e ilegítimos se durmieron en la Universidad en sus clases de ética (con seguridad que el gerente propietario de la franquicia, NGP, no sabe del significado de la ética). Pero una cosa es dormirse en la clase de ética y otra cosa muy distinta es no tener conciencia de las consecuencias de la ira popular, de los sentimientos de falta de respeto hacia los que quieren elegir democráticamente a sus gobernantes y de desatar los demonios de la exclusión y de la injusticia.
El comportamiento antidemocrático del actual bloque en el poder ha desatado el demonio del resentimiento y el desprecio que sienten los de abajo por parte de los de arriba y, de ese exceso de burla que provoca que la política vuelva a las calles. La gente comienza a percibir que se ha iniciado una revolución de los ricos contra los pobres (tal cual caracterizo al neoliberalismo el economista Kenneth Galbratith) y, producir tensiones irreductibles entre las calles y las instituciones que amenazan con el descontrol del sistema político. El cargo robado a los electores debe ser devuelto a las urnas para que la voluntad popular elija a su gobernador en La Paz; de no ser así, su contrario, la ira en las calles puede estallar sin controles. No se trata de empeorar la democracia ni de excluir al movimiento popular; tampoco se trata del desprecio por la gente común pues la respuesta de los comunes a la vida de la elite no siempre es agradable cuando la ira la domina; se trata de la violencia política indiscriminada, le recuerdo al oligarquismo de camarillas en el gobierno provisional la advertencia de Hegel de eliminar a su contrario “el error de la revolución francesa fue el de haber insistido en eliminar a su antítesis cultural, y el resultado de dicha insistencia fue el terror” (Jameson, 2009, p. 88).
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Politólogo y abogado, Docente UMSA.
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