La Paz, 29 de junio (Urgentebo).- "Eso es traición a la patria", así de tajante fue la expresión del diputado oficilista Edgar Montaño frente a la filtración de documentos por parte de la exsubprocuradora Carmiña LLorenti a los abogados de la empresa chilena Quiborax, mientras se llevaba adelante el arbitraje internacional.
“Eso no debiera haber ocurrido jamás, eso es traición a la patria, en mi modesto entender y no solamente ella (Llorenti) sino hay otros funcionarios, también, que se han prestado a este tipo de delitos, es un delito”, afirmó.
La presente jornada el periódico Página Siete publicó una nota en que revela que el actual procurador general del Estado, Pablo Menacho, advirtió el 6 de enero del 2017 al ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, que la filtración de documento iba afectar “gravemente la defensa”, en el litigio que se llevaba adelante en contra de la transnacional.
“El hecho de que los documentos hayan salido de direcciones de correos electrónicos de una alta autoridad del Estado a cargo de la defensa del Estado, como era la exsubprocuradora Carmiña Llorenti Barrientos, podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia”, detalló Menacho en el informe técnico legal enviado a Arce.
En tal entendido, Montaño indicó que “todos aquellos funcionarios” que estuvieron involucrados en la defensa del Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tienen que comparecer ante las instancias judiciales y ser investigadas.
“Todos aquellos funcionarios que hayan tenido que ver en el tema de la filtración de documentos, pero además de eso en una defensa mala, errónea, tendrán que decir ante el juez, ante la Fiscalía, porque su actuar, entonces nadie deberá decir que es persecución política o que es por una enemistad”, acotó.
Este proceso data del 2004, cuando en la gestión del presidente Carlos Mesa se le reitó las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni. Este hecho conllevó a que la transnacional procese a Bolivia ante el arbitraje internacional.
La compañía chilena en 2015 sacó un fallo favorable, el mismo que fue objetado, pero el 30 de junio de la presente gestión el CIADI informó que rechazó esta apelación, por lo cual el Estado boliviano pagó a la empresa chilena la suma de $us 48,6 millones de dólares.
El 08 de diciembre de 2016, la exsubprocuradora Llorenti informó al entonces procurador Arce: “Cuando terminaron de redactar (los abogados de la parte demandante) se enviaron de mi correo personal, que estaba abierto, a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con control de cambios, otra que ya tenía todo corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público”.
En tal sentido, ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, señaló que se auditará la defensa del país en este arbitrio con la finalidad de saber si hubo irregularidades o una mala decisión, y una vez se tenga los resultados del estudio se sancionará a los responsables y no se protegerá a nadie.
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