La bancada oficialista de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz finalmente aprobó este sábado la ley de Regulación de Ausencia Temporal e Impedimento Definitivo del Gobernador, en este caso Luis Fernando Camacho. Como un fallo de la Sala Constitucional de la justicia cruceña le derivó el caso, la instancia legislativa no incluyó la causal de detención preventiva como razón para suspender a la autoridad. En otras palabras, el líder de Creemos está aún al frente del departamento.
La ley aprobada por el oficialista Creemos y sus aliados será enviada la próxima semana hasta el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, para que sea promulgada por el gobernador Camacho. El proyecto fue aprobado en una sesión tensa, donde hubo amenazas y fricciones verbales.
Los 11 votos de Creemos, los cuatro de Alianza Solidaria Popular y los cinco escaños indígenas aprobaron el proyecto de ley presentado por Svonko Matkovic. Los 11 legisladores del MAS rechazaron el proyecto normativo en un debate que se prolongó por más de cinco horas.
La ley aprobada tiene 12 artículos, establece dos causales para que se produzca la “suplencia gubernamental”. Voluntarias y forzosas. En el primer caso se activará por un “viaje oficial al extranjero, razones personales, declaratoria en comisión y otras circunstancias invocadas expresamente por la Gobernadora o Gobernador”.
En el caso de las forzosas, se establece “la causal de enfermedad o afectación física grave, certificado médico que le impida totalmente el ejercicio del cargo o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuo”, según el artículo seis.
El presidente del legislativo, Zvonko Matkovic, fue el proyectista de la normativa y quien dirigió el debate para atender el fallo de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) que ordenó el desarrollo legislativo en función del Artículo 25 del Estatuto Autonómico.
El MAS planteó el reemplazo de Camacho bajo la figura de “fuerza mayor” y las causales de “detención judicial”. Además, la propuesta contemplaba “el paro cívico, conmoción social, guerra civil, guerra internacional y todo hecho que le impida al Gobernador estar en el departamento para desarrollar sus funciones”.
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