El problema de la corrupción no son solo errores administrativos de los agentes corruptos, sino un problema estructural con diferentes niveles en lo público-privado. Luis Zavala Castro, sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, nos presenta en su último libro, Corrupción política-democracia pactada-neoliberalismo en Bolivia (1982-2005), un conjunto de hechos de corrupción denunciados y debatidos en la prensa, así como demandas ventiladas en los tribunales.
El trabajo se refiere específicamente a la corrupción política porque se trata de los altos niveles del gobierno del periodo entre1985 y 2005. Está ordenado en 10 capítulos que se refieren a los gobiernos de todo este periodo y a un caso particular de CIDES.
Se puede decir que este es un problema del Estado dado que destruye todo sentido de institucionalidad, democracia y ciudadanía para perjudicar muchas posibilidades de desarrollo en igualdad de oportunidades para todos. “El gran drama social que azota a la sociedad boliviana prácticamente desde la fundación como República hasta la actualidad, es justamente el fenómeno de la corrupción endémica (evasión fiscal, contrabando, tráfico de influencias, construcción de caminos, favores políticos, cohecho activo, coimas, abuso de poder, etc. etc. y la impunidad como factores sociales generalizados y trasversales por toda la sociedad boliviana”) (p.10).
El trabajo tiene la línea de análisis de este hecho como endémico y caracterizado por la impunidad. Misma viene desde el mismo día de la fundación de la nueva República. Por lo que se podría decir que el Estado en Bolivia es un Estado históricamente corrupto dado que sus actores tienen esa cultura como clases o elites. Tales elites, afirma el autor, han cometido un conjunto de hechos de apropiación de bienes públicos a favor de los grupos familiares, de partidos políticos o grupos de amigos, ocurridos entre los “agroindustriales, los banqueros, los empresarios y las cooperativas mineras” (p.11).
Se nombran innumerables casos como la desdolarización del peso boliviano en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular mediante negocios dirigidos con dineros privados de la gente a través de divisas preferenciales que asignaba el BCB (Banco Central de Bolivia) con la Comisión Cambiaria de Asignación de Divisas en favor de políticos conocidos o como el del banquero Julio Leon Prado. También es el caso de Klaus Barbie, conocido como carnicero de Lyon (Francia), o el caso de Rafael Otazo, quien hizo desaparecer 2.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico. En el gobierno de Víctor Paz los casos sonados son: la quiebra del banco de Crédito de Oruro, Progreso Nacional, Bladesa o Financiero y sus pasivos fueron cubiertos por el Estado. El más emblemático de este gobierno fue la de Marita Siles de Mazzi que, siendo presidenta del Banco Boliviano Americano (BBA) “provocó una multimillonaria estafa de alrededor $us 20 millones gracias a que tenía un banco off shore denominado Banco Boliviano Americano Bank BBA-I” (p.36).
En el gobierno de Paz Zamora el estudio refiere a casos de la privatización de empresas públicas como la fábrica de Aceites Comestibles de Villamontes al ser transferida a precio de liquidación a favor de Granos del Oriente de propiedad de empresarios cruceños en sumas menores a su costo real. Casos similares han ocurrido con la compra de la fábrica de cemento SOBOCE en 1991, el caso Chito Valle (yerno de Hugo Banzer), los narcovínculos, Bolibras y la privatización de hoteles Sheraton y Crillón, entre otros.
En el gobierno de Sánchez de Lozada se estudia el proceso de Capitalización de las empresas estratégicas del Estado, como las vinculadas a los hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, agua potable, minería y transporte, a favor de las empresas transnacionales. Según el senador de entonces, Ruben Medinaceli, este hecho provocó un daño económico al Estado de $us 21.000 mil millones. “Las transnacionales se apoderaron de un solo golpe 3.152 millones de dólares cuando lograron una ilegal rebaja de impuestos con la reclasificación de campos hidrocarburíferos de nuevo a antiguos” (p. 91).
A su turno, en el gobierno de Hugo Banzer están los casos del Avión Beechcraft, terremoto de Aiquile, Totora y Mizque en Cochabamba, caso “Polilla” López, Guitera Denis, Marino Diodato, “Chaza”, etc. La del terremoto hubo donaciones de la Embajada de Japón, la República Popular de China, FONPLATA, que no fueron utilizados correctamente. Se compró un avión con un sobreprecio de más de 800 mil dólares. En el gobierno de Tuto Quiroga los casos anotados son los de Petrocontratos y la proyección de la exportación de gas a Estados Unidos y México, relacionados con el grupo financiero chileno de la familia Luksic Abaroa y en alianza con Banco Santander de España y empresas norteamericanas. También está el caso de los Gastos Reservados utilizados en el gobierno de Mesa de Gisbert, que según el estudio dispuso de $us. 20.000 millones (aunque desmentidos) de este fondo y que al 31 de enero de 2004 los informes referidos a dicho uso fueron ordenados a ser incinerados mediante el D.S. No. 27345.
Zavala también se refiere al gobierno de Rodríguez Veltzé. El caso sonado es la entrega de los 41 miles chinos HN-5 al gobierno norteamericano en 2005; misma que fue considerada como traición a la patria por ser capitán general de las Fuerzas Armadas, y no tuvo juicio de responsabilidades. Por otra parte, están las denuncias de corrupción en CIDES, referidas al tráfico de influencias en nombramientos de docentes de posgrado, entre otros. Muchos casos no han sido sancionados penalmente, a excepción de algunos.
Finalmente, con Osvaldo Rodríguez (2024) es posible afirmar que el fenómeno de la corrupción es un tema de estudio complicado, no solo por el acceso a fuentes, sino también por el enfoque. Según Rodríguez la teoría que ayuda a entender el fenómeno es la explicativa de agente-principal y el margen de discrecionalidad que existe en los procedimientos normativos e institucionales. Los agentes principales tienen motivaciones particulares para apropiarse de recursos ajenos o públicos junto con un conjunto de mecanismos discrecionales. Si los actores del Estado son corruptos, no hay una gran voluntad para controlar, menguar o eliminar el problema. Las leyes y oficinas de anticorrupción terminan inmersas en esos estados de situación del agente principal y las discrecionalidades asumidas o construidas como cultura pública.
Así, la corrupción es institucional y una especie de moral pública que no diferencia entre izquierdas y derechas donde esas minorías tienen una eficiente función en las reglas del poder y voluntad organizados con un sentido “moral” que finalmente se dibuja como impunidad estructural. Zavala nos ayuda a pensar en todo este problema para el debate, el análisis y la comprensión de los problemas actuales.
///
