20 de diciembre (Urgente.bo)- Ha terminado el cómputo de las elecciones judiciales, donde se eligió a 19 magistrados. Se eligió a autoridades de circunscripción nacional y circunscripción departamental, en esta última, hay cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y siete para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En Urgente.bo te mostramos cuál es el perfil de cada uno de ellos y cuál es su propuesta.

Tribunal Constitucional Plurinacional

Amalia Villca. Nació en julio de 1987, en Potosí. Tiene una amplia formación posgradual con experiencia profesional de más de 10 años en el ámbito jurisdiccional. Desempeñó funciones en el TCP y fue consultora asistente para apoyo de despacho, entre otros cargos.

Una de sus propuestas es la implementación de una estrategia técnica de unificación jurisprudencial en las acciones de amparo constitucional y de libertad.

Boris Arias López. Nació en agosto de 1979 en La Paz. Es abogado de profesión hace 19 años, docente de derecho constitucional en pregrado en la UMSA, UCB, UDABOL, UPEA y USFX. Cuenta con maestría en derecho constitucional y derecho procesal constitucional, maestría en derecho con mención en derecho procesal penal, entre otros.

Propone una corrección a través de reuniones periódicas entre funcionarios y magistrados que permitan  coordinar el trabajo y unificar criterios para evitar una inmensa pluralidad de sentencias contradictorias y largas.

Paola Prudencio. Nació en mayo de 1979 en Oruro. Es abogada de profesión, con más de 18 años en ejercicio. Tiene especialidad en derecho constitucional, familiar, civil, minero administrativo y notarial. Prestó sus servicios en el TCP como asistente de control normativo y tutelar, entre otros.  

Una de sus propuestas es optimizar la gestión procesal constitucional a partir de políticas y estrategias que transparenten el actuar de los servidores constitucionales. Además de implementar una unidad de jurisprudencia.

Ángel Edson Dávalos. Nació en mayo de 1980 en Sucre. Es abogado con experiencia en materia constitucional, civil y derecho administrativo. Tuvo una especialización judicial en la Escuela de jueces, especialidad en análisis jurídico de contratos, con experiencia en el ámbito académico y laboral.

Una de sus propuestas es establecer o crear un sistema informático de sorteo de causas aleatorias entre todas las salas constitucionales del TCP, que no sea vulnerable y que garantice el derecho al juez imparcial, para evitar que las causas lleguen intencionalmente a algunas de las salas “preferidas”.

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Fanny Coaquira. Nació en noviembre de 1963 en La Paz. Es abogada colegiada hace más de 20 años con experiencia legal en la intervención ante la jurisdicción civil y penal; funcionaria judicial en el Órgano Judicial, Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y otros.

Uno de sus planteamientos es fortalecer una autonomía económica y administrativa del Órgano Judicial, fortaleciendo la carrera judicial en sus dimensiones de ingreso, capacitación periódica y evaluación y promoción con base en una política meritocrática.

Germán Pardo. Nació en marzo de 1974, en Cochabamba. Es abogado colegiado con 20 años de experiencia profesional en diferentes ámbitos del área jurisdiccional y administrativa y desempeñó funciones en el INRA y otras instituciones. Fue juez de instrucción penal 1 de Tiquipaya, juez de tribunal de sentencia de Cercado y otros cargos.

Una de sus propuestas es el respeto férreo de la Constitución Política del Estado, el respeto a los principios constitucionales y poner a conocimiento cualquier acto de corrupción.

Norma Velasco. Nació en junio de 1976, en Potosí. Es abogada colegiada con experiencia en el área procesal. Cuenta con experiencia en la gestión pública, es decir, en derecho administrativo. Tiene especialidad en asesoramiento jurídico y asistencia en juicio en materia civil, penal, laboral, administrativa y mercantil.  

Propone la independencia del Tribunal Supremo de Justicia-Jurisdicción Ordinaria. Además, ve necesario, proyectos de leyes judiciales para mejorar la administración de la justicia, y una normativa específica para proceso contencioso y contencioso-administrativo.

Primo Martínez Fuentes. Nació en junio de 1971 en Oruro. Es abogado colegiado desde el 26 de octubre del 2000, con experiencia en materia constitucional, civil, penal, familiar, niñez y adolescencia, minero, contencioso-administrativo, municipal, entre otros. Además, desempeñó funciones públicas en instituciones del Órgano Judicial.

Una de sus propuestas es que el ejercicio de la magistratura sea expresado con una intervención directa en la impartición de la justicia a partir de los principios éticos morales, para un “verdadero acceso a la justicia” sin restricciones formales.

Rosmery Ruiz. Nació en julio de 1966 en Tarija. Es abogada con experiencia en el ramo judicial. Tiene especialidad en maestría en derecho notarial, ciencias penales, gestión y administración de notarias, especialidad en derecho notarial, diplomado en derecho notarial y otros.

Propone una estrategia que aborde de manera integral  la mejora de la visión sobre la justicia con técnicas avanzadas de interpretación y fundamentación de resoluciones. Y trabajar en la mora procesal existente.

Carlos Ortega. Nació en agosto de 1977 en Chuquisaca. Se tituló como abogado en 2001 en la Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Además, ejerció como docente de pregrado y posgrado, y es doctor en derecho. 

Propone resolver los conflictos jurídicos con base en criterios de justicia que derivan de las normas, principios y valores constitucionales, para que el Órgano Electoral se constituya en instrumento de constitución de una sociedad justa.

Romer Saucedo. Nació en febrero de 1988 en San Ignacio de Velasco. Es abogado con experiencia de hace más de 12 años. Fue juez de instrucción, docente universitario, conferencista en materia penal, asesor legal y otros.

Una de sus propuestas es la capacitación a todos los funcionarios que integran el relacionamiento con los justiciables en relaciones interpersonales y de calidad en atención a los mismos y que se pueden obtener con convenios sin la necesidad de que signifiquen un incremento al presupuesto.