El gabinete del presidente Luis Arce aprobó el miércoles la creación y constitución de un fideicomiso de 500 millones de bolivianos para que sean administrados por el Banco de Desarrollo Productivo con el objetivo de otorgar créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado y del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas, SEDEM.
Cada empresa pública podrá acceder a un crédito de hasta cincuenta millones de bolivianos, con una tasa de interés del 2% anual para su devolución en un plazo de hasta tres años. Se aplicaría un periodo de gracia a capital de hasta 12 meses en función a la evaluación realizada por el Fiduciario.
La medida está definida en el decreto supremo 4586 aprobado en el último gabinete ministerial y se basa en la ley que aprobó las reformulaciones al Presupuesto General del Estado, donde se autoriza al Banco Central de Bolivia otorgar un crédito de Bs 500 millones al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, “en condiciones concesionales, para la constitución de un Fideicomiso destinado a la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado y al SEDEM”.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en calidad de Fideicomitente, suscribir un contrato de Fideicomiso y transmitir de forma temporal y no definitiva un monto de hasta Bs500.000.000 al Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta - BDP-S.A.M., para que éste, en calidad de Fiduciario, los administre para el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso”, dice el artículo 2 del mencionado decreto supremo.
El plazo del Fideicomiso será de cinco años, computables a partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato de Fideicomiso.
El decreto también autoriza al Ministerio de Economía, a requerimiento del Fiduciario, a realizar el débito automático de recursos, cuando los beneficiarios del Fideicomiso incumplan las obligaciones contraídas en el marco de los respectivos contratos de crédito. Al efecto, se debitarán los importes solicitados de las cuentas fiscales de los beneficiarios para su abono en la Cuenta Única del Tesoro, como parte de la restitución de recursos al TGN, señala el decreto.
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