Bolivia atraviesa una etapa crítica. La economía nacional muestra signos evidentes de agotamiento: el déficit fiscal se mantiene en niveles insostenibles, la escasez de dólares paraliza sectores enteros, los subsidios distorsivos devoran el presupuesto público y la confianza en las instituciones económicas se ha erosionado profundamente.
El planteamiento central parte de una idea sencilla pero poderosa: Bolivia necesita volver a producir para volver a crecer. No hay estabilidad duradera si la economía no genera riqueza real, si las familias no acceden a empleo digno y si el Estado continúa gastando más de lo que tiene. Por eso, la propuesta que presentamos bajo el título “Capitalismo para Todos, menos Estado Tranca y un país 50/50” no es un eslogan de campaña, sino una hoja de ruta para reconstruir la confianza y la productividad del país.
La noción de “Capitalismo para Todos” se basa en liberar las fuerzas productivas de miles de bolivianos que hoy se ven ahogados por la burocracia, la inseguridad jurídica y la falta de incentivos. Apostamos por una economía abierta, donde el crecimiento no dependa del favor político sino del esfuerzo y la innovación. Queremos un Estado que deje de ser un obstáculo y se convierta en socio del desarrollo. Esa es la esencia de lo que llamamos “Menos Estado Tranca”: menos control, menos papeleo, menos trabas; y más agilidad, confianza e inversión.
Una de las piezas clave de esta propuesta es la reforma del sistema de subsidios, en particular el del diésel. Durante años, el subsidio al combustible fue presentado como una medida social, pero en la práctica ha terminado beneficiando al contrabando, al contrabandista y a los sectores que lucran con la escasez. Hoy, el diésel subsidiado no garantiza justicia ni eficiencia; garantiza distorsión y corrupción.
El plan del PDC propone reemplazar el subsidio generalizado por un esquema de transferencias focalizadas y bancarizadas, dirigidas exclusivamente a los sectores productivos y estratégicos: transporte, agricultura e industria. Es decir, el apoyo estatal debe llegar a quienes trabajan y producen, no a quienes especulan con el combustible. Este proceso se implementará gradualmente, comenzando con un diagnóstico fiscal y operativo, seguido de un diseño técnico que permitirá canalizar los recursos mediante vales digitales o transferencias directas vinculadas al número de identificación del beneficiario. Una vez probada la eficacia del modelo en regiones piloto, el sistema se ampliará progresivamente hasta eliminar el subsidio generalizado y redirigir los recursos a inversión productiva y generación de empleo.
Este cambio es esencial para sanear las finanzas públicas. Cada dólar que se libera de un subsidio mal diseñado debe convertirse en una semilla de desarrollo: en crédito para la microempresa, en caminos para el productor, en incentivos a la exportación. No se trata de ajustar por ajustar, sino de reemplazar el gasto improductivo por inversión inteligente.
La crisis cambiaria es otro síntoma de una economía estancada. La escasez de dólares no es un fenómeno aislado, es la consecuencia directa de la falta de producción y exportación. En lugar de recurrir al control y la restricción, el PDC propone la creación de un Fondo de Estabilización Cambiaria respaldado por organismos multilaterales y capital privado. Su objetivo será unificar el tipo de cambio de manera gradual, sin devaluaciones abruptas, y devolver liquidez al sistema financiero. Pero esta estabilidad solo será sostenible si se combina con políticas que impulsen la generación real de divisas: más producción, más exportaciones, más confianza.
El “Capitalismo para Todos” también implica devolver a las regiones su capacidad de decidir y crecer. Por eso, el principio del “País 50/50” plantea que la mitad de los recursos nacionales sean administrados por el nivel central y la otra mitad por las entidades subnacionales. Las gobernaciones y municipios deben ser parte activa del desarrollo, no simples receptores pasivos. Creemos en un modelo descentralizado donde cada región tenga los instrumentos para transformar sus recursos naturales, diversificar su economía y crear empleo local.
El fortalecimiento del aparato productivo debe ir de la mano con la disciplina fiscal y la formalización. Nuestra propuesta de estabilización fiscal expansiva combina la reducción del gasto político y burocrático con crédito productivo y programas de formalización para micro y pequeñas empresas.
En este nuevo ciclo, el Estado debe recuperar su papel de facilitador. No puede seguir actuando como un muro de contención que frena al empresario, al agricultor o al emprendedor. El futuro de Bolivia no está en el asistencialismo, sino en la libertad económica responsable: aquella que combina oportunidades con transparencia, crecimiento con justicia.
El camino no será fácil. Requiere decisiones valientes, diálogo con los sectores productivos y un pacto nacional por la estabilidad. Pero es un camino posible. Bolivia tiene el talento, los recursos y la fuerza de su gente para lograrlo.
Como economista, estoy convencido de que este plan no es solo viable, sino urgente. No hay economía posible sin confianza, ni confianza posible sin un Estado que funcione. Por eso decimos que Bolivia necesita menos tranca y más oportunidades. No más discursos de control, sino políticas de crecimiento. No más gasto político, sino inversión en el trabajo.
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