Una de las prioridades del gobierno del Presidente Rodrigo Paz Pereira debería ser la transformación legislativa del sector minero, con el principal fin de reincorporar a Bolivia en el selecto club de los principales países productores y del cual fuimos parte en el pasado. Una visión reducida, huérfana de estrategia nacional y afectada por la ideología nos relegó por décadas, al punto que para muchísimos la imagen de la producción es aquella que era normal en el siglo XIX.
Ahora que la producción petrolífera está en crisis, la minería es un sector que puede generar los recursos que Bolivia necesita y puede llevar al país hacia un nivel no alcanzado hasta ahora, si el gobierno de Paz Pereira interpreta de manera oportuna y correcta el auge del oro y de la plata, dos de los metales que tienen gran presencia en el subsuelo nacional, en el occidente y el oriente. Y eso que aún no hemos considerado el potencial con las tierras raras.
En el tiempo de la colonia, la plata potosina transformó el mundo europeo. Y su influencia se extendió hasta la primera etapa de la República. Luego vino el turno del estaño boliviano, cuya gravitación fue determinante para el curso de la historia, en el siglo XX, incluyendo la segunda guerra mundial. Ambos metales elevaron a Bolivia a categoría de potencia mundial.
La Cordillera de los Andes es una bendición para quienes vivimos en esta parte del mundo. Y lo saben bien chilenos, peruanos e incluso mexicanos, cuya calidad de vida mejora por la explotación de los minerales. Y, obviamente, que miles de bolivianos se benefician de la explotación artesanal, informal o irregular en diferentes puntos de la cordillera real y oriental. Ahí está el contrabando del oro hacia otros países y hasta ahora no combatido.
La diferencia entre la explotación realizada en los países vecinos frente a la que se practica en Bolivia radica principalmente en el uso de la tecnología, en la legislación sectorial, en la inversión de recursos internacionales y en la posición firme y oportuna del Estado frente al recurso mineral estratégico. Lastimosamente, en cada uno de los puntos señalados, nuestro país está cuando menos rezagado por décadas, si es que no atenta contra los propios intereses de los bolivianos. Hay que admitirlo que en el país hay contadas excepciones, las protagonizadas por empresas que cumplen con el régimen tributario, laboral e incluso el ambiental.
Reconocidos estudiosos bolivianos tienen los suficientes datos como para sostener que la minería seguirá siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Bolivia. Solo los minerales que se guardan en el departamento de Potosí permitirían un salto cualitativo en el desarrollo regional y nacional por unas buenas décadas. Y para que aquello ocurra se requiere de una visión diferente de aquella que se aplicó en los últimos 20 años.
Bolivia puede ser una potencia minera si atrae capitales privados para desarrollar proyectos como el de San Cristóbal o como los que pone en marcha Sinchi Wayra. Podemos dar un salto cualitativo si las cooperativas mineras que tienen alianzas irregulares con otros actores se transformasen en empresas, si los verdaderos pequeños cooperativistas reciben apoyo para modernizar su producción. Más aún, el sector minero nacional se transformará si se esclarece el papel de los diferentes actores del Estado, si Comibol no se deja morir y si la AJAM deja de ser un nido de corrupción.
El país se halla ante una enorme oportunidad para desarrollar proyectos de explotación minera a gran escala, como aquellos que consoliden al sector cooperativista como uno de peso estratégico y los que permitan reubicar al Estado, como productor. Pero aquello no será posible, si no se inicia el debate sobre la transformación del sector, si no se logran acuerdos de cumplimiento inobjetable, incluyendo a los actores sindicales y regionales. En minería, sí se puede demostrar que Bolivia es para el mundo y el mundo para Bolivia, pero estamos contra el tiempo.
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