La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron este miércoles las declaraciones del Procurador General del Estado y exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, quien, en entrevista con radio Fides, pidió que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las ejecuciones y torturas en el Hotel Las Américas en 2009.
Chávez admitió que contactó a los medios de comunicación para "que me digan (…), levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona".
Ambas instituciones lamentaron que la máxima autoridad de un organismo público como la Procuraduría General del Estado desconozca que el “secreto de fuente” está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales.
“El secreto en materia de imprenta es inviolable” (art. 8 de la Ley de Imprenta) y, por tanto, es un derecho y un deber ético que obliga a las y los periodistas a guardar reserva respecto a las fuentes que proveen información con carácter confidencial
Asimismo, el Código de Procedimiento Penal establece que no se puede requerir bajo compulsa la entrega de objetos, notas, grabaciones y documentos obtenidos en la cobertura informativa (art. 184).
La normativa nacional se inscribe en los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su principio N° 8, establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales” y, en virtud del secreto profesional, “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información”.
En ese contexto, la ANPB y la APLP denunciaron que el Procurador General del Estado intenta debilitar el rol que tiene la prensa en una sociedad democrática, por cuanto el secreto de fuente es un derecho que no sólo protege a las y los periodistas sino a la sociedad por cuanto resguarda la libertad de expresión.
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