18 de febrero (Urgente.bo).- El abogado constitucionalista Israel Quino afirmó este martes que la Cumbre del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no garantiza aún la realización de las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto. Según el jurista, los 15 puntos acordados en el encuentro son meramente declarativos, y mientras los magistrados prorrogados continúen en sus cargos, el proceso electoral seguirá en riesgo.
“No hay certeza jurídica real. Aunque se haya declarado el resguardo y respeto al principio de preclusión, basta con un amparo constitucional, un ‘amparazo’, para suspender o incluso volver a convocar elecciones generales parciales. Esto ocurre porque un grupo de ciudadanos autoprorrogados sigue en funciones. Mientras ellos continúen, no hay seguridad”, explicó Quino a Urgente.bo.
El 2024 se llevaron a cabo elecciones judiciales, pero diversos amparos frenaron el proceso en varias ocasiones, lo que obligó a realizar comicios parciales. En diciembre de ese mismo año, un auto constitucional garantizó la permanencia de siete magistrados prorrogados hasta que sean elegidos sus sucesores.
“El principio de preclusión está vigente en la Ley 026, pero gracias a un fallo de este grupo de ciudadanos autoprorrogados, se inaplica la norma, lo que quiebra el Estado de derecho. No hay posibilidad jurídica para ello, pero en el país hemos visto cómo, desde la declaración de autoprórroga, se ha vulnerado el orden constitucional. Por eso, rumbo a las elecciones generales, nada está garantizado”, advirtió.
La noche del lunes, las principales autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Electoral, junto a líderes de organizaciones políticas, firmaron un acuerdo de 15 compromisos. Entre los puntos destacados están el respeto al principio de preclusión, la independencia del TSE frente a otros poderes del Estado, la garantía de un presupuesto suficiente y oportuno para los comicios de agosto y la implementación de un sistema de conteo rápido de votos.
Sin embargo, Quino considera que el acuerdo carece de un efecto vinculante inmediato. “Este documento será conocido por las demás autoridades, pero cada órgano del Estado tomará sus propias decisiones. El Ejecutivo debe garantizar el presupuesto para el voto nacional y en el exterior. En el Legislativo, se remitirán proyectos de ley para su debate y tratamiento, pero su aprobación o rechazo dependerá de los 166 asambleístas, quienes tienen prerrogativas autónomas”, concluyó.
