17 de agosto (Urgente.bo).- Luego de la promulgación del Decreto Supremo 5675, trabajadores del exMinisterio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía denunciaron que los biométricos fueron retirados de las oficinas y que al menos 280 funcionarios quedaron desvinculados, pese a que la norma establece la transferencia de personal al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según la denuncia de los trabajadores, el pasado viernes 14 de agosto acudieron a sus fuentes laborales con la intención de cumplir con su jornada, pero encontraron los equipos del biométrico, para el control de asistencia, desmontados y restricciones para ingresar a las oficinas.
La situación se registró desde el piso 18 del Edificio Ballivián, donde funcionaba el Despacho Ministerial, hasta las dependencias de los viceministerios de Turismo, Culturas y Gastronomía, según indicaron a Urgente.bo.
“Nos dejaron en la calle de la noche a la mañana, sin mirarnos a los ojos, arrancando los biométricos como si fuéramos delincuentes. Es una crueldad inhumana”, manifiesta la denuncia.
En ese sentido, los trabajadores sostuvieron que el retiro del biométrico y la imposibilidad de ingresar a sus oficinas constituyen una desvinculación de hecho, debido a que no habrían recibido memorandos de despido ni una comunicación oficial sobre su situación laboral.
La disposición transitoria del Decreto Supremo 5675 establece la absorción del personal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, denuncian que este proceso no se estaría cumpliendo y que los trabajadores no estarían siendo reacomodados en la Cancillería.
De acuerdo con los datos proporcionados por los propios trabajadores, en la extinta cartera de Estado había al menos 280 funcionarios, una mayoría vinculada a la exministra de Culturas Cinthia Yáñez.
Asimismo, los funcionarios cuestionaron el tratamiento que estarían recibiendo trabajadores con décadas de servicio en la administración pública. “Esta institución es el Estado Boliviano, no es un Burger King para que inventen carnetizaciones privadas para negar derechos conquistados”, reclamó uno de los trabajadores, haciendo referencia a la exigencia de presentar un “carnet de vacaciones” para acreditar ese beneficio.
Los funcionarios afirman que existen vacaciones pendientes de pago, incluso casos que habrían llegado a procesos judiciales e intimaciones de pago. Sostienen que estos derechos deben ser reconocidos durante el proceso de transición.
Ante esta situación, los trabajadores se declararon en “estado de emergencia absoluta” y exigieron una explicación formal de las autoridades sobre su futuro laboral.
“Cerrar la institución no significa un despido automático”, señalaron los trabajadores y pidieron la intervención de las autoridades y de los medios de comunicación para visibilizar su situación.
La denuncia también apunta a la Comisión de Transición, a la que los trabajadores atribuyen actos de presión y amedrentamiento durante el proceso de cierre de la institución. Por último, los funcionarios demandan que se respete el Decreto Supremo 5675 y los derechos laborales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
