El desplome del modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS)) está creando un vacío ideológico que comienza a llenarse con ideas reaccionarias. En contracorriente, surgen narrativas de libertad y prosperidad individual, que mucha gente siente como brisas refrescantes y con toda razón, después de años de estatismo dogmático. Pero estas corrientes libertarias también arrastran su propia carga de mitos.
Tuto Quiroga sueña con un “país de propietarios” y defiende con fervor la propiedad privada, mientras que Rodrigo Paz promete “capitalismo para todos”, una suerte de economía popular formalizada. Aunque cada uno tiene su propio sello y audiencia, en el fondo ambos plantean lo mismo: libertad económica basada en el esfuerzo personal, la meritocracia y la liquidación del Estado clientelista, burocrático y corrupto que asfixia la iniciativa privada. En pocas palabras, prometen devolverle a cada boliviano la “libertad de construir su propio destino”. Un mensaje enigmático, seductor y políticamente conveniente.
Sin embargo, esta narrativa oculta un problema estructural: la libertad económica no brota ni florece espontáneamente en contextos de precariedad, desigualdad y baja productividad. En Bolivia, ser propietario no equivale a ser capitalista, así como tener propiedad privada no significa tener capital. Lo que llamamos genéricamente como “capitalismo”, en la realidad boliviana no es un sistema económico basado en competitividad y libre mercado, sino un capitalismo oligárquico sostenido por el rentismo, privilegios económicos y favoritismos políticos.
La idea de un “país de propietarios” de Tuto Quiroga aterriza en dos medidas concretas. Por un lado, entregar títulos de propiedad sobre las empresas estatales a los bolivianos mayores de edad, convirtiéndolos en accionistas con derecho a rentas derivadas de la explotación de recursos naturales como el litio e hidrocarburos. Pero, ¿esto es libertad económica basada en esfuerzo, competitividad y productividad? Por supuesto que no. El lucro por el solo hecho de tener control o propiedad de algo, es rentismo simple y puro.
La otra medida de Tuto se centra en garantizar la propiedad privada e individual de la tierra. El argumento libertario es que ello sería una condición fundamental para hacer girar la rueda virtuosa de incentivos privados, mercados eficientes y nuevas inversiones. Así, Bolivia pasaría de un estatismo empobrecedor a una nación libre, basada en mérito personal, trabajo y respeto a la ley. El empresariado agroindustrial cruceño es concebido como el ejemplo de éxito y la prueba viviente de este postulado. Pero, la realidad es menos épica. Juan Pablo Velasco, su candidato a vicepresidente, no había sido alguien que surgió del espíritu emprendedor de los startups tecnológicos, sino de la herencia y del privilegio. Y de igual forma, Branko Marinkovic no se hizo con un curul en el Senado para desmontar el capitalismo oligárquico, sino para intentar, por segunda vez, materializar su ambición de apropiarse de más de 33 mil hectáreas de tierra al margen de la ley.
Por otra parte, el “capitalismo para todos” de Rodrigo Paz no se centra demasiado en defender a las élites, sino a gremiales, transportistas, comerciantes y cuentapropistas. Su propuesta está inspirada en los negocios populares que florecieron durante los años de boom extraordinario de la explotación del gas. Mientras duró el entorno favorable, miles de emprendimientos tenían la apariencia de pequeños focos de acumulación sostenida y eficiencia capitalista, pero solo en apariencia. Cuando el declive llegó, la gente comenzó a buscar los culpables y los encontró en la informalidad y el Estado tranca. Por eso, Rodrigo tiene en la mira a impuestos internos y la aduana, y piensa que bastaría con otorgar títulos de propiedad o formalizar el capitalismo de subsistencia para que vuelva a prosperar… en un entorno no rentista.
El caso de los autos “chutos” ilustra bien el error del diagnóstico. Si bien la legalización puede beneficiar a sectores populares, agrava la dependencia externa del país. Debilita la acumulación interna porque el dinero sale al extranjero, no se reinvierte ni se convierte en capital. Y aunque Bolivia no tenga una industria automotriz que proteger, lo que prospera no es el aparato productivo, sino el capitalismo comercial en manos de importadores, contrabandistas e intermediarios. Su formalización solo reproducirá las redes de sobrevivencia, donde los ingresos precarios apenas alcanzan para el pan del día, y no hay condiciones para el ahorro y la acumulación. Legalizar los “chutos” es formalizar el contrabando, no formalizar la economía.
En definitiva, las brisas de libertad económica que alimentan el debate político tienen poco o nada de sentido común, cuando el país sigue atrapado en el rentismo y las economías populares están subordinadas al mismo circuito. Los propios libertarios así lo entienden, porque hay en sus filas valiosas voces propositivas y disensos, pero la mayoría no lo exterioriza, porque admitirlo implicaría reconocer que el discurso de propiedad privada y seguridad jurídica es, en realidad, una defensa de privilegios y clientelismos revestidos de teoría económica.
Todos queremos libertad económica, pero no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Es fruto de años de esfuerzo, institucionalidad y crecimiento. Un jubilado que se retira con una renta digna, alcanza esa condición tras años de trabajo. Los países con altos índices de libertad y prosperidad no nacieron de haber aplicado recetas dogmáticas ni del despilfarro de sus recursos, sino de políticas de Estado que construyeron, paso a paso, entornos de seguridad económica, estabilidad macro y horizontes compartidos.
***
