La observación del nuevo orden constitucional desde el realismo político (Portinaro, 2025) diría que es el orden emergente de los vencidos, de las clases subalternas que resultan vencedoras en diciembre de 2005. De los grandes conflictos que atraviesan la República de Bolivia nace una nueva razón ordífica, el orden victorioso de lo indígena y popular, pero este nuevo derecho del vencedor muy rápido degenera en relaciones de poder caotíficas, se hunde en una justicia caótica atravesada por demasiadas fracturas, corruptela y cleptocracia. Una apreciación realista del pluralismo jurídico evidencia la producción de minorías ingobernables disfrazadas de justicia popular y la ampliación de la heterogeneidad del Estado Plurinacional con sus dos justicias (indígena y originaria) incompatibles entre sí que no han traído más que conflictos internos insalvables entre sus clases dirigentes. Este articulo advierte sobre el fracaso de la justicia de los subalternos trastocada en justicia como dispositivo de poder.
Pero ¿Qué cosa es un dispositivo de poder y saber? Siguiendo las interpretaciones de Giorgio Agamben, Michel Foucault define el dispositivo como una red heterogénea de cosas, instituciones y leyes cuya función estratégica interactúa entre las relaciones de poder y las relaciones de saber; dirá Foucault “El dispositivo es esto: un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por ellas”. Para Agamben el dispositivo de poder es un término técnico que da cuenta de la red que se establece entre el Estado, la soberanía, la ley y el poder; para Agamben un dispositivo es cualquier cosa o máquina con capacidad de producir subjetivaciones o procesos de desubjetivación de los seres vivientes. Para nuestro caso es la red de poderes y saberes que se teje entre el gobernante, el magistrado y los aparatos represivos del Estado a los fines de producir sujetos dóciles e impensantes.
Los realistas políticos nos han enseñado a no hacernos demasiadas ilusiones sobre un Estado justo o, a morigerar nuestras expectativas de supresión de la corrupción judicial; pero también nos han recomendado sobre la importancia de contar con un buen diagnóstico para minimizar errores políticos y hacer una ingeniería constitucional exitosa. En esa perspectiva, comprender la justicia como dispositivo de poder podría iniciar una adecuada y profunda transformación del Órgano de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a sabiendas que lo real no es racional.
Es cierto que en las dictaduras se sometía a la población mediante la violencia directa con tanques en las calles y con centros de detención y tortura clandestinos que se cobraba la vida de la disidencia; pero también es cierto que los nuevos autoritarismos competitivos logran sumisión por medio de la violencia simbólica, instrumentalizando la Constitución y las leyes penales cual si fueran tanques y herramientas de persecución y tortura. En el régimen autocrático del MAS el Órgano Judicial y el TCP han mutado hacia un suprapoder que atenta contra la vida, la propiedad y la libertad de los bolivianos; en tanto dispositivo de poder y saber, su estructura de autoridad ha logrado configurar capacidades propias para hacer lo que quiera sin ningún tipo de control: desintegra la infraestructura constitucional, amenaza, intimida, extorsiona y somete a los demás Órganos del Estado en abierta violación a lo dispuesto por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado.
Nos debe preocupar que un poder justicialista cobre fuerza ejecutivista y decisión soberana (manteniendo la reserva schmittiana del estado de excepción). Un poder corrupto instrumentaliza la justicia, le da fuerza ejecutiva, lo hace su dispositivo de poder, esto significa que la justicia cobra autonomía para actuar sin controles, combina saberes y poderes, arma redes de operadores fuera de la ley, fabrica un aparato judicial que utiliza el conocimiento de la ley para construir privilegios injustificados y reprimir con brutalidad a los otros hasta lograr convertirse en un suprapoder incontrolable; la justicia como dispositivo de poder implica que no se está únicamente frente a magistrados corruptos que trabajan aislados y en secreto, no, de ninguna manera, estamos ante redes de poder, con una estructura de poder propia que llega hasta las alturas del gobierno. Calificar al sistema judicial como un dispositivo de poder es dar cuenta del terrorismo de Estado, la persecución, el matonaje, la corrupción y la instrumentalización de la justicia al servicio del poder y de los poderosos.
Un dispositivo de poder configurado en tanto suprapoder judicial equivale a un poder sin límites ni controles, un Estado con poder arbitrario de consecuencias deletéreas para la democracia, es la emergencia de una anocracia (una mezcla de anarquía y autoritarismo) ¿Por qué ha derivado el Órgano Judicial en un suprapoder que ha ido más lejos de la típica función de apéndice del Órgano Ejecutivo, para actuar con autonomía propia y con plenos poderes para amenazar la institucionalidad de los otros tres Poderes del Estado? ¿Qué políticas públicas en materia de justicia se debe diseñar e implementar para restituir un nuevo equilibrio de poderes y frenar la discrasia que atenta contra la democracia y el Estado Constitucional de Derecho?. El concepto de discrasia explica el desequilibrio que se ha producido en el Estado Plurinacional y reflexiona sobre los modos en el que las instituciones del Estado Constitucional de Derecho han sido pisoteadas: el Defensor del Pueblo ha sido puesto al servicio de los poderosos, la Contraloría General del Estado se somete al gobernante de turno, el Ministerio Público se reduce a herramienta de acusación de la disidencia política, el Procurador General del Estado es instrumentalizado para encubrir los actos de corrupción y saqueo de la nación de los gobernantes y sus adláteres, la Carrera de Derecho de la Universidad Pública es disminuida a escuela de pillos; pero lo más grave es que el Órgano Judicial y el TCP han mutado (por medio de saberes y poderes intransparentes) hacia un dispositivo de poder que atenta contra la propiedad privada y pública, contra la libertad ciudadana, contra los empleados públicos insumisos y, contra la vida de los bolivianos. La discrasia en la que ha incurrido el Órgano de Justicia y el TCP ha dado lugar a una nueva corriente en la ingeniería constitucional que busca desmantelar las instituciones del Estado Constitucional de Derecho para erradicar estos males y superar su pésimo desempeño institucional y el ilegal empoderamiento de los malos operadores de justicia que se han servido de ella para el enriquecimiento ilícito mediante consorcios de jueces y abogados que apuntalan el Estado autoritario; siendo que existen sobradas razones para reformar la Constitución promulgada el 7 febrero de 2009, no deja de ser un retroceso suprimir este contemporáneo avance institucional/constitucional, un camino equívoco para ponerle vallas y frenos a los poderes arbitrarios, un error para evitar la violación de los derechos humanos: fortalecer la independencia judicial y la imparcialidad y probidad de los jueces y magistrados (potestas, autoritas, fairness) demanda un profundo debate nacional.
La justicia como dispositivo de poder ha instaurado en el Estado Plurinacional un desgobierno de los jueces, ello significa que lo que los electores eligen con su voto en las urnas, consorcios de jueces y abogados pueden alterarlo mediante conspiraciones y golpes judiciales. Diagnosticar la justicia como transfiguración hacia un suprapoder, significa que es mucho más que un apéndice del gobierno se trata de un Órgano de poder con autonomía relativa en el Estado, con capacidad de disuadir a oficialistas y opositores y atentar contra las libertades civiles y políticas. Visibilizar la justicia como dispositivo de poder va más allá de las corruptelas y extorsiones de jueces, fiscales, políticos y policías; implica diseccionarla como una estructura de poder, son redes de poder que interactúan entre las altas magistraturas y los propios gobernantes del Estado Plurinacional. Hay que tenerle más miedo a los autoprorrogados que al Presidente y sus ministros de justicia y de gobierno, porque el terrorismo judicial contra la sociedad civil y la sociedad política se anida sin controles democráticos en el TCP y en el Órgano de Justicia.
Dietrología (lo que está detrás de) o criptología (lo que esta oculto y es decisivo) son herramientas analíticas para explicarle a la gente lo que hay detrás de las apariencias de los cuatro Órganos del Estado Plurinacional y de sus operadores, a veces hábiles a veces torpes para jugar con esa peligrosa dialéctica realidad-apariencia. Para eso sirve el realismo político, para desocultar lo que no dicen, pero lo hacen o, lo que esconden con palabras lo que hacen con sus actos. No siempre se conocen las penumbras de la política y del sistema judicial, pero estamos mejor preparados para mirar detrás de las apariencias de quienes gobiernan y para impugnar sus razones, justificaciones y conspiraciones; desde luego también para detectar cuando se corrompen las constituciones y los regímenes políticos (eso hace un buen juez, una buena ciencia política y un buen juicio político cualitativo del politólogo).
Urge una reforma Constitucional, pero no hay que autoengañarse con las bondades de ella, no hay que caer en el cuento del aprendiz de brujo que cae víctima de sus propios hechizos ni permitir que el temible poder que se ha enquistado en el TCP con los autoprorrogados se aproveche de ella y busque ampliar sus poderes pleromáticos. No enfrentar la estructura de poder corrupta que se ha montado desde el TCP hasta los tribunales departamentales de justicia es no defender la democracia, implicaría una derrota de ese bello abigarramiento que le hemos nombrado democracia y pluralidad de perspectivas y paradigmas.
Como conclusión se puede decir en primer lugar que la justicia de los subalternos expresada en el Estado Constitucional de Derecho ha fracasado al haber permitido que la justicia se convierta en un dispositivo de poder no contra el abuso de poder; en segundo lugar que las nuevas élites jurídicas en el poder se han salido con la suya al instrumentalizar los saberes de la ley como controles represivos y al usar el derecho penal como un phatos que hunde a la gente en la desesperación (cuyo dolor que provoca no es solo personal, sino esencialmente colectivo); en tercer lugar, esta mutación de la justicia a dispositivo de poder ha provocado una discrasia, un desequilibrio de poderes, que atenta contra las instituciones democráticas y ocasiona una peligrosa deriva autoritaria, un giro hacia el poder total. Ayn Rand la tecnorrebelde que sentó las bases de la criptomoneda digital (junto a Timothy May y Eric Hughes) para asegurar la autonomía de las personas y para las transacciones anónimas sin interferencias del Estado, decía “Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada”.
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Politólogo y abogado, Docente UMSA.
