La Ley 348 fue concebida como un avance histórico en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación creciente sobre su uso indebido, particularmente en contextos familiares conflictivos. Este artículo de opinión busca reflexionar sobre las consecuencias de las denuncias falsas, el impacto en hombres inocentes, y la necesidad urgente de equilibrar justicia con garantías procesales.
Existen numerosos testimonios y denuncias sobre el uso de la Ley 348 como herramienta de venganza o extorsión. Padres separados han reportado ser falsamente acusados de violencia con el objetivo de alejarlos de sus hijos o coaccionarlos económicamente. En muchos casos, el solo hecho de ser denunciado implica medidas cautelares inmediatas y estigmatización, incluso antes de que se presenten pruebas fehacientes.
La justicia boliviana enfrenta graves limitaciones en cuanto a recursos, independencia y formación en enfoque de género. Esto ha provocado decisiones judiciales que no siempre se ajustan al debido proceso. Algunos jueces, bajo presión política, económica o mediática, priorizan condenas sin considerar la falta de evidencia, alimentando un sistema que puede castigar al inocente.
Para los hombres acusados falsamente, las consecuencias van desde la pérdida de la libertad hasta la exclusión de la vida de sus hijos, pasando por el daño a su reputación, salud mental y estabilidad económica. La sociedad debe reconocer que una denuncia falsa no solo perjudica al acusado, sino que también banaliza la lucha legítima de las mujeres víctimas de violencia, debilitando la confianza en la ley.
Los datos oficiales sobre denuncias falsas en Bolivia son escasos, pero informes del Ministerio Público sugieren que un porcentaje considerable de denuncias por violencia no prosperan por falta de pruebas o contradicciones. Esto no significa que todas sean falsas, pero sí amerita un sistema más riguroso de verificación y protección tanto para víctimas reales como para personas inocentes.
Principales estadísticas sobre violencia contra las mujeres en Bolivia. Sobre la prevalencia de violencia en relaciones de pareja: Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVCM) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016, el 74,7% de las mujeres casadas o en unión libre han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su relación. Además, en los 12 meses previos a la encuesta, el 44% de las mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido agresiones por parte de su pareja.
El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer informa que en 2023 se registraron 51.770 denuncias por violencia en el marco de la Ley 348. De estas, 39.096 correspondieron a violencia familiar o doméstica, y 11.450 a violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. En promedio, se registraron 142 denuncias de violencia contra mujeres y 30 agresiones sexuales cada día.
En 2022, se reportaron 94 casos de feminicidio en Bolivia. Aunque esta cifra representa una disminución respecto a años anteriores, el país aún mantiene una de las tasas más altas de feminicidio en Sudamérica, siendo la segunda más alta en la región y la novena en América Latina y el Caribe.
Se estima que diariamente ocurren 104 embarazos en niñas y adolescentes en Bolivia, lo que refleja una preocupante situación de violencia sexual y falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Estas cifras evidencian la persistencia de la violencia de género en Bolivia y la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas que protejan a las mujeres y niñas, garanticen el acceso a la justicia y promuevan una cultura de igualdad y respeto. La recopilación y difusión de datos confiables son fundamentales para diseñar estrategias de prevención y atención adecuadas.
Por lo anterior, no se trata de debilitar la Ley 348, sino de fortalecerla. Es urgente capacitar a operadores judiciales para que actúen con objetividad, proteger a las verdaderas víctimas y sancionar los usos maliciosos de la ley. El Estado debe garantizar tanto el derecho a una vida libre de violencia como el derecho a un juicio justo. Solo así se podrá construir un sistema legal verdaderamente equitativo y confiable para todos y todas las bolivianos/as
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