El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y a la Resistencia Juvenil Cruceñista de grupos “paramilitares” por haber incitado convulsiones sociales y perpetrar hechos de violencia en contra de la población durante la crisis que se desató en Bolivia a finales de 2019.
“La Llamada Resistencia Juvenil Cruceñista, que se desplazaban igual que la anterior (Resistencia Juvenil Cochala) en motocicleta, por los llamados motoqueros, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante paros y bloqueos”, afirmó el presidente del Comité Contra la Tortura, Claude Heller Rousant, durante la sesión de Ginebra, Suiza.
“Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”, añadió el representante internacional.
Heller destacó que algunos grupos, denominados “pititas”, fueron los responsables de financiar a estos grupos paramilitares que operaban en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz para contrarrestar las protestas de sectores sociales, durante la crisis de 2019.
“Estos grupos paramilitares fueron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, sostuvo.
Aseguró también que se perpetraron hechos de racismo y discriminación contra de la sociedad civil y miembros de la prensa, la quema y agravio de símbolos patrios como la wiphala y que las fuerzas del orden y de la seguridad actuaron en “cooperación” con los grupos irregulares mencionados.
Denunció además, que desde “la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racista y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.
“Los ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados acompañados por expresiones de intolerancia relacionado con su etnicidad y filiación política proliferaron”, denunció Heller y recordó que se estigmatizó “a la población indígena, campesina y rural en situación de pobreza y tez morena, que lo identificaban como el MAS”.
“En una muestra de intolerancia cultural y falta de respeto por los símbolos indígenas la wiphala que es una bandera indígena esgrimida como identificación y protesta fue removida de instituciones públicas e incendiada en un acta de venganza e incitación al odio”, denunció respecto a hechos como el que policías arrancaron de sus uniformes este símbolo.
El CAT es un órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados partes.
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