El potencial minero de Bolivia recibiría un impulso determinante, si el Estado Plurinacional trabaja en el concepto de ofrecer seguridad jurídica a las inversiones extranjeras en el sector, lo que no significa, por ejemplo, beneficiarles con un sistema impositivo generoso, sino aplicarles el correcto. Ese es el planteamiento de Jaime Villalobos, geólogo y exministro del sector.
“Las inversiones privadas requieren de estabilidad, de seguridad jurídica que hay en otros países. Los bolivianos debemos enfocarnos en generar esas condiciones. Yo no digo regalar nuestros recursos, sino atraer inversiones, no pido dar un sistema impositivo así generoso, sino el correcto. Lo que planteo es seguridad jurídica”, señala Villalobos en una entrevista con el periódico digital Urgente.bo.
El criterio planteado por Villalobos tiene que ver la realidad de la minería en Sudamérica, donde países como Chile, Brasil, Argentina, Perú e incluso Colombia aprovechan el potencial minero que les permite la Cordillera Los Andes, mientras en Bolivia, que tiene yacimientos mineros muy ricos, tiene una escasa influencia en la región y muy pocas empresas privadas.
El problema se debe al cambio de normas en el Estado Boliviano que, según Villalobos, no atraen a las grandes empresas de la minería. La última más importante es San Cristóbal que se ha emplazado en el departamento de Potosí, para desarrollar un proyecto de minería moderna y amigable con el medio ambiente
Y, ¿por qué en Bolivia se ha podido desarrollar San Cristóbal y no otras? Esta compañía internacional llegó a Bolivia, después de la crisis del Estado, “cuando se estableció un contexto legislativo, impositivo, favorable a las inversiones, que generó los proyectos que aún subsisten en el país”, precisa. En otras palabras, cuando se aprobó una Ley de Minería para atraer capitales.
Villalobos dice que, con el cambio de visión política en el país, el actual Código de Minería hizo un cambio sustancial que no atrajo nuevos inversionistas. Con la anterior ley, las empresas podían acceder a una concesión, mientras se pagasen las patentes. “Era como un bien inmueble, podía ser vendida, hipotecada, transmisible, etc., porque la minería es de largo plazo. Eso se ha eliminado y se lo han reemplazado por un contrato. Un contrato que es un derecho muy precario, muy frágil. En los países vecinos, rige la concesión minera”, dice el exministro.
El resultado del anterior Código de Minería ha sido la llegada del proyecto San Cristóbal o el de Manquiri, porque son de mediano plazo, como de unos 15 años. Desde entonces, no hay noticias de nuevos proyectos para la minería del sector privado.
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Ese enfoque del actual Código de Minería apunta a que el Estado, mediante la Corporación Minera de Bolviia, sea protagonista en el sector, y da mayor presencia a las cooperativas mineras.
Lo que ha ocurrido es que la Comibol no ha podido lograr mayor crecimiento in influencia en el sector, mientras que las cooperativas se han multiplicado en todo el país, a costa de los derechos laborales y del medio ambiente.
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Jaime Villalobos, exministro de Minería y geólogo
“La minería en Bolivia tiene dos grandes estilos de hacer minería. Un puñado, no más de cuatro o cinco compañías, que son formales, pagan impuestos y sus empleados son formales, y tienen derecho a beneficios sociales. Y, por otro lado, varios miles de operaciones mineras, mayormente de cooperativas, que se desenvuelven en el margen de la informalidad, sin acceso a financiamiento formal, sin cuidado del medio ambiente, sin protección a los trabajadores, etc. Entonces, eso está haciendo que las empresas formales ya no inviertan”, lamentó.
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Entonces, lo que Villalobos propone es que las autoridades del Estado boliviano se planteen la necesidad de ofrecer seguridad jurídica a quienes pueden resultar actores de la transformación del sector minero en Bolivia.
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