La Paz, 22 de diciembre (Urgente.bo).- Hay un sismo en el sistema político regional de Santa Cruz, tras la denuncia de los ítems fantasmas. En la víspera fue aprehendida la exalcaldesa de la capital oriental, Angélica Sosa, quien denunció a la actual autoridad, Johnny Fernández de beneficiarse con al me-nos 600 cargos inexistentes, en el marco de un acuerdo con Percy Fernández. Y en las úl-timas horas se desatado una denuncia del gobernador Luis Fernando Camacho contra la exprimera autoridad del departamental Rubén Costas, esta vez por publicidad fantasma.
Sosa fue aprehendida ayer en un establecimiento de salud y después fue llevada a la fisca-lía departamental donde declaró hasta las 03.00 de la madrugada de hoy, en ese tiempo, la exalcaldesa reveló que Fernandez, que fue concejal, se benefició también de itemes fantasmas.
“Del 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó (el ahora exalcalde) Percy Fernández con la UCS (Unidad Cívica Solidaridad), a la cabeza del señor Jhonny Fernández Saucedo, estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo, (…) la UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato (y) aclaro que eran más de 600 personas entre ítems y contratos”, dijo Sosa en su declaración a la que accedió La Razón.
En la investigación del caso ítemas fantasmas, son testimonios de voluntarios que revelan cómo operaba esta supuesta red de corrupción han permitido conocer más en profundidad el sistema de distribución de los ítems fantasmas. Un alto funcionario informó a que a raíz de la auditoría de 2017 Antonio Parada Vaca fue retirado del cargo como Director de Recur-sos Humanos de la Alcaldía cruceña. Además, reitera que fruto de dicho análisis se despidió a 500 funcionarios.
Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue citado a declarar en la fiscalía departamental como testigo luego de que se conoció que en la anterior gestión departamental, Rubén Costas, pudo haber desviado la suma de Bs 700 mil asignadas a la lucha contra el covid-19 para beneficiarse con campaña a favor de su imagen.
La Fiscalía inició de oficio la investigación, pero Camacho informó que en el curso de las próximas horas se presentará la denuncia para establecer responsabilidades en la difusión de la imagen del excandidato Aguilera aprovechando la campaña informativa por al me-nos Bs 700.000 contra el COVID-19.
Costas informó que esperaba estas denuncias para 2022, pero se adelantaron en esta intención de “enlodar una gestión” de 16 años con apoyo –recordó- de la población median-te el voto.
La administración de Camacho denunció este lunes un presunto desvío de 700.000 bolivianos que debían ser destinados para combatir al coronavirus, sin embargo, habrían sido utilizados para la campaña de Aguilera en los comicios regionales de principios de este año.
“Nos da mucha pena toda esta situación que realmente es una cacería de brujas, se ha convertido en un show, en una situación deplorable”, cuestionó Costas poco después de presentar, junto a Aguilera, el memorial solicitando fecha y hora de declaración.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que una comisión de fiscales se encarga de investigar el caso de presunta "publicidad fantasma" en la gobernación de Santa Cruz. En ese marco, anunció que solicitará una alerta migratoria para todos los involucrados, entre ellos el exgobernador Rubén Costas.
“Una comisión de fiscales lleva adelante, a partir de hoy, un proceso de investigación del caso contra el exgobernador (Rubén) Costas y otras autoridades, y ellos llevan a delante una serie de requerimientos para encausar la investigación, dentro de esa labor investigativa se tiene prevista la solicitud de alerta migratoria para todas las personas involucradas”, informó Lanchipa.
Por otro lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Rolando Cuéllar, afirmó que “siguen lloviendo las pruebas contra Rubén Costas” al revelar dos nuevas denuncias de presunta corrupción contra el exgobernador de Santa Cruz. Un equipo de abogados evalúa la presentación de denuncias penales.
Cuellar afirmó que Costas y Roly Aguillera, brazo derecho del exgobernador cruceño, de-berían ser aprehendidos por la Fiscalía por presuntamente malversar Bs 700.000 destinados a la lucha contra el COVID-19 para su campaña política. Y por otras dos denuncias.
Una se refiere un supuesto loteamiento de terrenos ubicados en la zona del parque indus-trial en favor de empresarios privados y la otra denuncia tiene que ver con la presunta entrega ilegal de 40 hectáreas de terreno en inmediaciones de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.
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