La Paz, 28 de junio (Urgentebo).- El exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, escribió una columna de opinión en el Diario de las Américas en la que sostiene que la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela por la Organización de Estados Americanos (OEA) evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro representa a una dictadura. El opositor a Evo Morales prevé que algo similar sucederá en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

El exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada indicó que la aplicación de la Carta Democrática es uno de los primeros capítulos que se seguirán en los otros países de la región, puesto que algunos de ellos se “violan los derechos humanos, controlan todos los poderes del Estado, utilizan la justicia como mecanismo de represión política, tienen presos y exiliados políticos, violan la libertad de prensa y de expresión, atentan contra la propiedad privada, tienen a la corrupción como elemento esencial de sus gobiernos, están señalados por el tema del narcotráfico”. 

“Las dictaduras del socialismo del siglo XXI han perdido definitivamente su disfraz de democracia.  Si alguien creía o simulaba que Venezuela es una democracia, está perdido y refutado luego de que el Consejo Permanente aplicó la Carta con la recepción del informe del Secretario General y posteriores actos. Los hechos descritos y demostrados en el informe de Almagro, con prueba preconstituida y de conocimiento público mundial, ya son irreversibles”, escribió Berzaín. 

Sostuvo que es inevitable que el pueblo venezolano tenga referéndum revocatorio antes de fin de año y pidió que los Legislativos de los países que votaron en contra de la aplicación de la Carta Democrática deben iniciar una tarea de fiscalización urgente contra sus representantes. 

El anterior jueves, en el Consejo Permanente de la OEA, el secretario general de la organización internacional, Luis Almagro, dijo que la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela autoriza convocar a esta instancia para que realice una evaluación de la situación en esa nación y adopte las decisiones que estime conveniente porque existiría una alteración al orden constitucional en ese país. 

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