La Paz, 3 de marzo (Urgente.bo).- El comunicador boliviano Erick Foronda trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Bolivia por más de dos décadas. Luego fue colaborador de la expresidenta Jeanine Añez, como su secretario privado. Luego se fue a Estados Unidos, donde trabaja en temas relacionados con Américar del Sur. Desde hace un tiempo, Foronda hace análisis sobre la realidad boliviana y particularmente sobre lo llama "la triple amenaza". En esta entrevista, el investigador habla de ese fenómeno, pero en particular de la influencia del régimen cubano en el anterior periodo de gobierno, con Evo Morales y Luis Arce, como presidentes,

En diferentes conferencias internacionales, ha denunciado la opacidad en la transferencia de dinero al régimen, en especial desde Bolivia. ¿Podría explicarnos cómo operó este mecanismo desde Bolivia?

Durante los años de bonanza económica que vivió Bolivia, los regímenes totalitarios de Evo Morales y Luis Arce regalaron más de 450 millones de dólares a la dictadura cubana, en un acto de flagrante despilfarro criminal con nuestras reservas y economía. Hoy Bolivia necesita esos 450 millones de dólares con extrema urgencia.

Los regímenes totalitarios de Cuba y Bolivia usaron exclusiva, pero no excluyentemente dos programas: las Brigadas médicas y las supuestas becas universitarias en Cuba.

Aunque, quiero enfatizar, los acuerdos confidenciales incluyeron programas de cooperación en inteligencia e intercambio de temas de interés bilateral que involucraban la seguridad nacional de Bolivia. Morales y Arce entregaron a Cuba información estratégica de Bolivia y de miles de bolivianos, comprometiendo nuestra soberanía de manera imperdonable, pero también poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos bolivianos, cuyos datos han sido compartidos con la dictadura cubana.

Esto lo tenemos documentado, con pruebas irrefutables.

Entonces, vemos la primera irregularidad, es decir, acuerdos secretos, entrega de la soberanía boliviana y violación de nuestra seguridad nacional, entregándole todos los sistemas clasificados a un régimen dominado por la ilegalidad y la persecución.  Es un acto de alta traición que no puede quedar impune.

La segunda irregularidad es la transferencia de dinero a Cuba. Los pagos de Bolivia a la dictadura cubana.

Nunca existió rendición de cuentas ni transparencia en la forma en que estos recursos fueron canalizados hacia el régimen de La Habana, un escándalo de opacidad total. Un acto de traición, como el presidente Paz y el canciller Aramayo lo han caracterizado.

La mayoría de estas transferencias se realizaron a través de empresas fachada controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba, que operan como mecanismos para sostener la dictadura, alimentar la corrupción y financiar cuentas personales de la élite gobernante, un esquema mafioso que saqueó los recursos del pueblo boliviano.

La salida constante de divisas bolivianas se ejecutó bajo distintos programas que, en apariencia, ofrecían ayuda social, pero que en realidad encubrían múltiples formas de apoyo al crimen organizado: desde el respaldo directo a la dictadura cubana, la violación sistemática de los derechos humanos en la isla, el enriquecimiento ilícito de su cúpula, el lavado de dinero, hasta el sometimiento de ciudadanos cubanos a trabajo forzado, una forma moderna de esclavitud que debe ser condenada con toda la fuerza de la ley.

Morales, Arce, sus operadores políticos y los ministros que firmaron las resoluciones para pagar a la dictadura cubana deben rendir cuentas ante la justicia.

Lo que usted señala es complejo, ¿qué respaldos tiene para esa afirmación?

Contamos con documentación completa que respalda esta investigación, evidencia sólida que los incrimina sin lugar a duda. Uno de los principales mecanismos de transferencia fue el programa de los brigadistas médicos cubanos, una farsa absoluta.

De los aproximadamente 1,000 brigadistas que operaron en Bolivia, el 75% no tenían formación médica alguna, revelando un fraude masivo contra nuestra población vulnerable.

Los acuerdos confidenciales le otorgaban a Cuba acceso a los servicios de inteligencia de Bolivia, reestructurar y en muchos casos, dirigir, las agencias de inteligencia y ayudar a construir un sistema de vigilancia interna centrado en el control de la oposición, pero inclusive de la Policía Nacional. Se convirtió en un aparato represivo que pisoteó nuestras libertades democráticas.

A pesar de que gran parte de estos recursos se manejaron en la oscuridad, sin trazabilidad ni auditoría pública, hemos logrado rastrear las transferencias hacia la dictadura cubana, desenterrando la verdad que intentaron ocultar.

Se han usado tres caminos para la transferencia de estos recursos a Cuba. Primero, se hizo transferencias mediante cuentas gubernamentales.

Otra movida fue mediante cuentas departamentales de gobiernos departamentales o municipales y finalmente una parte significativa de estos fondos fue canalizada a través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, que funcionó como herramienta de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y otras actividades vinculadas al crimen internacional, un engranaje corrupto.

En este contexto, es importante recordar que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado leyes que sancionan a funcionarios públicos extranjeros que hayan planificado o ejecutado transferencias de recursos hacia regímenes dictatoriales como el cubano, un marco legal que debe aplicarse con rigor contra la cúpula del MAS.

El Departamento de Estado de EEUU ha expandido su política de restricciones de visa. Esta ley permite revocar visas y confiscar propiedades de funcionarios extranjeros que apoyan o apoyaron las misiones médicas cubanas, las cuales están vinculadas al trabajo forzado y a violaciones de derechos humanos.

En Bolivia, algunos de los brigadistas médicos, en su mayoría sin formación real, inventaban pacientes, realizaban cirugías innecesarias —como operaciones de cataratas a ciudadanos que no las requerían— y desechaban medicamentos como el paracetamol para justificar una supuesta atención médica. Su presencia en Bolivia fue una estafa despiadada contra ciudadanos enfermos y una fuente de dinero ilegal y fácil para la dictadura cubana.

¿Qué es lo que puede hacer frente a estos datos que usted señala?

Con el actual gobierno del presidente Paz y su gabinete será posible desmenuzar con mayor precisión todas estas conexiones mantenidas en la opacidad durante más de una década, exponiendo al fin esta red de corrupción al escrutinio público y judicial.

Durante el gobierno constitucional de la Presidenta Jeanine Añez, se logró desenmarañar algo de esta sórdida telaraña.

La buena noticia es que ahora se podrá conocer la verdad completa, incluido los actores que participaron en esta infamia, y llevarlos ante la justicia para que paguen por sus crímenes

¿Qué formas de injerencia política ha ejercido Cuba en Bolivia?

La influencia cubana ha sido directa, constante y profundamente ideológica. No hablamos únicamente de médicos o cooperación cultural, educativa o eufemismos como esos.

Hablamos de formación de cuadros políticos, asesoramiento en inteligencia y contrainteligencia e injerencia en decisiones estratégicas. El modelo de penetración es el mismo que Cuba ha utilizado en otros países con gobiernos afines: control narrativo, inteligencia paralela y dependencia política. En el caso de Bolivia, los agentes de violencia política formados por Cuba se han incrustado en estructuras estatales. Estos agentes saben que deben quedarse de cualquier forma en la estructura del Estado, para, desde esas posiciones, sabotear y entorpecer las nuevas políticas gubernamentales o filtrar documentación sensitiva. Los anillos de confianza estatal deben ser reconstruidos, pero previamente se requiere una limpieza completa.

¿Qué tipo de transformación ha vivido el narcotráfico en Bolivia en la última década?

Lo que antes se entendía como narcotráfico tradicional ha mutado en una estructura transnacional con ramificaciones institucionales. En la última década, Bolivia ha dejado de ser únicamente un país productor de cocaína para convertirse en un nodo logístico del crimen organizado. Las rutas de salida, los esquemas de protección política, y la triangulación financiera apuntan a una sofisticación del delito que compromete la seguridad nacional.

Con el gobierno de Evo Morales, el narcotráfico ha ganado espacio institucional en áreas sensitivas del Estado boliviano. Con el de Arce, Bolivia se convirtió en refugio seguro para los grandes peces gordos.

Te voy a compartir algo. El gobierno de Evo Morales estaba solicitando la autorización para abrir una oficina del consulado boliviano en Arizona. ¿Te llama esto la atención? Menos de 1,000 bolivianos viven en Arizona, casi el 40% en Phoenix. El estado de Arizona tiene una batalla, sin tregua, debido a la alta actividad del cartel de Sinaloa, que lleva a Estados Unidos fentanilo y cocaína, aunque también se ha detectado contrabando y trata humana.  ¿Para qué querían abrir ese consulado en Arizona?

¿Bolivia aún es un país productor o ya es un centro logístico internacional del crimen organizado?

Hoy Bolivia cumple ambas funciones, pero con un agravante: actúa como puente estratégico entre la producción de Perú y los mercados de Brasil, Paraguay y Argentina, además del acceso indirecto a Europa. Los vuelos clandestinos, las pistas ilegales y la complicidad de altos niveles del Estado son indicadores de una logística criminal en expansión. No es solo producción; es articulación regional del delito.

Pero, durante 20 años, el gobierno del MAS ha escondido o maquillado informes sobre la producción potencial de cocaína.

Hoy podemos afirmar con certeza que Bolivia está en capacidad de producir 340 toneladas de cocaína, más del doble de lo que podía producir el 2005.

En otras palabras. En estas dos décadas no solamente se ha vinculado eficazmente con los grandes mercados y los grandes carteles de la droga, sino que ha más que duplicado su capacidad de producción de cocaína. El MAS no solamente ha expulsado a las agencias de cooperación para la lucha antidroga, sino que en su lugar ha recibido a las organizaciones del crimen organizado, muchos de ellos con protección estatal.

¿Estamos frente a un Estado fallido o capturado?

Bolivia no es aún un Estado fallido, pero sí uno claramente capturado en varias áreas. La justicia, la policía y parte del aparato político han perdido autonomía frente a redes de poder informal. El problema no es solo la ineficiencia: es la complicidad. Lo que está en juego es el contrato social y la posibilidad misma de recuperar la institucionalidad. Claramente hoy los bolivianos vivimos con la esperanza y el alivio que estamos viendo en la gestión del presidente Rodrigo Paz.

¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil y los medios frente a este escenario?

La primera respuesta es no callar. La segunda, organizarse. La sociedad civil debe recuperar su rol como contrapeso, como fuente de presión ética.

Es imprescindible también continuar desenrollando el ovillo de esa oscura red que han tejido el MAS, sus gobiernos aliados y organizaciones criminales. Tenemos el deber histórico de sacar a la luz todo esto.  Y los medios, pese a la persecución y el ahogo financiero, tienen la misión histórica de documentar, denunciar y conectar con la ciudadanía.

La resignación no es una opción. Este es un momento para actuar, no para observar.

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