Resulta imprescindible ilustrar con elocuencia sobre la sacralidad que encierra el valor de la palabra y la rúbrica en los convenios y avenencias. Esta contemplación debe obrar siempre a la luz de los más elevados principios de probidad, honorabilidad y ética, pilares incuestionables de todo cuerpo social que se precie de democrático y de una estructura jurídica robusta.
Nuestra Constitución Política del Estado, en su magna sabiduría, ha plasmado una serie de valores y principios que no se apostillan en vano, sino que se espera que se manifiesten a través de la conducta irreprochable tanto de la ciudadanía como de los prohombres que guían nuestros destinos. Implícito en este ideario está el resguardo de los pactos verbales y suscritos.
Aduce, pues, la máxima "pacta sunt servanda" que ejerce su poder como baluarte del derecho contractual, instituido tácitamente en nuestras leyes y erigiéndose como columna vertebral en la exégesis de contratos y compromisos de cualquier índole. Téngase en consideración que el desatino del no cumplimiento atiza repercusiones legales y también erosiona la confianza en el tejido social que nos cobija.
La "viveza criolla", una expresión cultural que ha sido parte de las idiosincrasias de Latinoamérica, se encuentra bajo el escrutinio público a medida que se revelan prácticas cuestionables dentro de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicho comportamiento, que a menudo se refiere a la astucia o habilidad para sacar provecho de situaciones sin importar las consecuencias éticas, parece haberse infiltrado en los más altos niveles de decisiones políticas del país.
Recientes acontecimientos sugieren que las fuerzas políticas que hoy nos representan realizan acuerdos para la viabilidad de diferentes actuaciones, particularmente en lo que respecta a las elecciones judiciales, destitución de jueces y préstamos para él país. Testimonios y análisis sugieren que estos acuerdos se realizan bajo ciertas promesas que posteriormente no se cumplen, desdibujando el valor de la palabra, el compromiso y los acuerdos.
Este comportamiento no solo refleja una falta de ética y respeto por los procesos democráticos, sino que también perpetúa una cultura de desconfianza y cinismo entre la ciudadanía. El inestimable valor de la palabra y la integridad en política se ven socavados, afectando la calidad de la democracia y la confianza en el sistema.
Para contrarrestar esta tendencia, se insta a un cambio inmediato hacia una cultura política basada en la integridad y la responsabilidad. La "viveza criolla", aunque arraigada en algunos aspectos de la astucia social, en estos contextos, es sinónimo de corrupción y debe ser desaprobada y reemplazada por valores que enaltezcan la convivencia y la honesta administración de la función pública.
Es esencial que se implementen iniciativas educativas que inculquen desde la infancia la importancia del valor de la palabra y el compromiso como principios fundamentales de vida. Las generaciones futuras deben aprender que el verdadero éxito y el progreso social y político se construyen sobre la base de la confianza mutua y el respeto por los acuerdos.
Iniciativas civiles y políticas deben emerger para fomentar esta transformación cultural, donde la transparencia y la ética sean los pilares de las instituciones públicas. Los líderes y legisladores deben asumir un compromiso genuino con la rectitud y el servicio al pueblo boliviano, no sabemos quién está incumpliendo el acuerdo y no es la intención el juzgamiento, pero si queda claro que “la viveza criolla” está presente.
Es con este espíritu de elevado civismo y compromiso con la justicia que los invito a reflexionar sobre el inalienable valor de conformar una sociedad donde las promesas sean sinónimos de actos consumados, y donde la "viveza criolla" sea sustituida por la "recta criollez".
Martín Fabbri Zeballos
Abogado Constitucionalista.
