La reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que revocó la acción popular de Pando ha traído consigo una serie de desafíos y urgencias para el proceso de preselección de candidatos a cargos judiciales. Este fallo ordena la continuidad del proceso, pero nos enfrenta a un obstáculo crucial: los plazos establecidos originalmente ya están vencidos.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, tiene ahora la responsabilidad de convocar a una sesión para aprobar una ley corta que permita extender estos plazos y así dar continuidad al proceso de preselección. Esta acción es vital para remediar los perjuicios y retrasos ocasionados por la acción popular de Pando.
Aunque el proceso no ha sido impecable debido a algunas discrecionalidades salvables, las comisiones de Justicia Plural y Constitución han cumplido de manera más que aceptable su mandato hasta el momento en que el proceso fue paralizado. Sin embargo, es fundamental aclarar un punto polémico: la filtración de las posibles preguntas del examen no es responsabilidad de las comisiones parlamentarias. Las preguntas fueron formuladas por universidades y colegios de abogados, quienes las enviaron en sobres cerrados a la Asamblea Legislativa. Estos sobres fueron notariados y custodiados por miembros de las tres fuerzas políticas, quienes los dejaron sellados y bajo vigilancia continua de cámaras de seguridad, lo que asegura que ninguna intervención externa ocurrió por parte del Legislativo.
Este incidente de filtración pone en tela de juicio la integridad de ciertos sectores que anteriormente fueron presentados como notables en un fallido proyecto de reforma judicial. Este episodio confirma que las élites que se proclamaban como incorruptibles y aptas para realizar la preselección de los candidatos también tienen sus propios intereses de grupo. Estas élites poseen redes amicales, lazos de amistad y compañerismo tejidos en ámbitos institucionales, políticos o sociales, a quienes potencian con reciprocidades y no están exentas de corrupción. Sin embargo, este es un debate superado y ahora debemos centrarnos en la problemática actual.
La acción popular de Pando, que pretendía dejar sin efecto la Ley 1549, fracasó en su intento de boicotear las elecciones judiciales. Este intento absurdo, equiparando la acción popular a una acción de inconstitucionalidad, fue finalmente revocado por el Tribunal Constitucional, pero no sin causar significativos retrasos en el proceso.
Cabe recalcar que, debido a la pérdida de los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es la primera vez que este partido debe consensuar con otras fuerzas para lograr la elección de las ternas de los candidatos que terminarán en la papeleta electoral, ya que constitucionalmente se requieren dos tercios para tal fin. Esta nueva realidad preocupa al masismo y motiva a sus emisarios a intentar boicotear el proceso electoral mediante acciones constitucionales. Es esperable que aparezcan nuevas acciones que pretendan evitar la prosecución del proceso.
El verdadero desafío ahora radica en la voluntad política; es evidente que algunos desean prorrogar indefinidamente a los actuales magistrados, a quienes tienen a su merced e instrumentalizados. Por ello, arguyen y plantean tácticas dilatorias que obstaculizan el progreso del proceso de preselección de nuevas autoridades. Es imperativo que las comisiones encargadas culminen su tarea de tomar el examen y remitir las listas de candidatos con las respectivas calificaciones para restituir el Estado de Derecho en el país.
Esta responsabilidad de culminar el proceso recae en la capacidad de los parlamentarios, que, por una vez en su mandato, unánimemente, tienen que ponerse la camiseta de Bolivia y aprobar rápidamente una ley que extienda los plazos. Posteriormente, deben lograr acuerdos democráticos para viabilizar los dos tercios que se requieren para la aprobación de las ternas. Solo mediante una acción decidida y coordinada se podrá superar este impasse y asegurar que las elecciones judiciales se lleven a cabo conforme a la legalidad y transparencia que la ciudadanía exige. El país se encuentra en un momento crucial donde la voluntad política debe prevalecer sobre los intereses partidarios. Se avecinan momentos políticos álgidos debido a crisis políticas y económicas que ya se empiezan a agudizar. Por lo tanto, hoy más que nunca, y a la brevedad posible, se hace necesario restituir la legalidad de las máximas autoridades judiciales, reemplazando a los prorrogados por magistrados democráticamente electos. Solo así se podrá garantizar un sistema judicial justo, medianamente imparcial y eficiente para todos, que precautele la convivencia pacífica del pueblo y limite los abusos de poder de quienes nos gobiernan.
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