13 de agosto (Urgente.bo)- La reciente muerte del jesuita Rafael “Rafo” Puente Calvo no solo ha provocado el pesar de sus familiares y conocidos, sino que además puso al descubierto que él denunció irregularidades relacionadas con el abuso sexual de parte de jesuitas en Bolivia, pero hubo encubrimiento. 

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Jorge Vila

Puente encabezó una auditoría forense sobre  la Defensa del Niño Internacional (DNI) Bolivia, y el trabajo no solo destapó irregularidades financieras, sino también  abuso sexual infantil cometido por el jesuita Jorge Vila, el fundador de dicha institución.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Urgente.bo, en 2007, las entidades financieras que colaboraban con DNI comenzaron a desconfiar de la administración de Vila. En ese sentido, Puente fue designado como interventor para revisar y analizar las gestiones entre 2007 y 2011.

La auditoría forense, que encabezó Puente, era diferente a una auditoría interna, ya que estaba destinada a la autoridad judicial. En ese marco, Puente envió su informe a las financieras que lo habían solicitado, al personal y a las autoridades responsables de proteger a la niñez.

Este documento, entregado el 2013, mencionaba que se habían ocultado ingresos, desvío de fondos,  la donación irregular de dos inmuebles a la Compañía de Jesús y otros.

De acuerdo a documentación, Puente reveló un depósito irregular de un monto elevado en el Banco Los Andes, pérdida de cerca de un millón de bolivianos por compraventa de acciones en Maryland sin autorización del directorio, donación ilegal de residencias estudiantiles a la Compañía de Jesús, entre otros.

El vínculo con el abuso sexual

No obstante, el equipo interventor, en el que participó también Marcela Vallejos, descubrió que parte de los recursos desaparecidos iba a parar a jóvenes, antiguos internos de centros de acogida, por quienes Vila tenía una “preferencia” especial.

 Testimonios posteriores confirmaron que varios de ellos habían sido víctimas de abuso sexual cuando eran niños o adolescentes en hogares bajo administración directa de Vila.

La denuncia llegó al entonces provincial de la Compañía de Jesús, René Cardozo, quien optó por enviar a Vila a su país natal en lugar de presentarlo ante el Ministerio Público. Vila murió tiempo después.

Sin embargo, en febrero de 2013, Puente recibió una carta del presidente del Directorio de DNI, el jesuita Enrique Zabala, exigiéndole “confidencialidad” y la devolución de documentos, llaves y oficina.

En su respuesta, Puente lo rechazó y envió una carta: “Para mí la ética consiste en respetar los principios constitucionales de participación, transparencia y derecho a la información (…) una auditoría forense no es igual a una auditoría interna, su destinatario principal es la autoridad judicial o administrativa que deba hacerse cargo de las irregularidades o delitos descubiertos”.

Asimismo, le dio a Zabala un plazo de 60 días para iniciar una reestructuración real, y le mencionó que, caso contrario, presentaría el informe a las autoridades.

Pese a los descubrimientos, el caso no avanzó, la auditoría perdió su carácter forense y no hubo procesos judiciales.

Con la muerte de Puente, se destapa otro encubrimiento de pederastia de parte de la Compañía de Jesús, siendo en este caso el entonces provincial de la Compañía de Jesús, René Cardozo, y el Presidente de Directorio del DNI, Enrique Zabala.

Por el momento, los sacerdotes y ex provinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons son señalados de encubrir los delitos del jesuita Alfonso Pedrajas, pero el juicio no avanza, ya que fue suspendido en cuatro ocasiones.