La Paz, 17 de julio (Urgentebo).- El expresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, envió este martes un memorial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular el requerimiento acusatorio contra su persona por el caso Quiborax, en el documento explica las irregularidades cometidas por el Ministerio Público.
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Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Foto (Internet).
Tres son los argumentos son los que da Mesa para que no proceda un juicio de responsabilidades en su contra. El primero hace referencia a que el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, cometió ciertas irregularidades; el exmandatario hace notar que el Ministerio Público debió haber recibido la declaración el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé antes de formular el requerimiento acusatorio.
“La primera ilegalidad que se evidencia con esta conducta es que si a criterio del Fiscal dicho testimonio es tan importante, debería haber sido prestado y recibido antes de formular el Requerimiento Acusatorio, porque con la remisión de dicho Requerimiento a sus autoridades concluye su atribución y competencia para intervenir en esta fase del procedimiento (salvo que el Tribunal Supremo de Justicia acepte la declaración de nulidad que pido en este memorial y el anterior de 9 de julio de 2018)”, escribió Mesa en el documento que posteriormente la posteó en su blog.
El expresidente y agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, respondió un cuestionario ante la Fiscalía en donde indicó que su gobierno, “no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”.
Carlos Mesa hace notar también que hay una cierta parcialidad de Guerrero en su contra, cuando el 12 de julio del 2018 declaró a los medios de comunicación que las respuestas de Rodríguez Veltzé “son lapidarias” contra el expresidente, que es acusado de nacionalizar el Salar de Uyuni y por que el Estado debió pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Non Metallic Minerals-Quiborax.
“La segunda ilegalidad es que manifiesta una abierta parcialidad en mi contra al hacer declaraciones públicas sobre el contenido de este testimonio, dado que ya ha perdido atribución y competencia para seguir con investigaciones preliminares una vez formulado el Requerimiento Acusatorio”, subrayó Mesa en el memorial.
Una tercera explicó: "tiene que ver con el contenido de las declaraciones del Fiscal que desnaturalizan completamente el sentido y alcance del testimonio prestado por el expresidente Rodríguez".
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