10 de septiembre (Urgente.bo).- Desde el oficialismo y la oposición coinciden en que se debe avanzar en un acuerdo para dar prioridad a la reforma constitucional, antes de dar paso al trabajo de leyes sectoriales desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Es necesario hacer algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) para abrir más espacios para bastantes leyes en beneficio de nuestro país. Si queremos hacer un cambio de fondo necesitaríamos hacer algunos cambios necesarios ante la Constitución y no haciendo parches con algunas normativas que pueden beneficiar de forma, pero no así de fondo”, dijo Macedonio Vargas, diputado oficialista del PDC, a Urgente.bo.
En los últimos días, desde la Asamblea se vienen generando varias propuestas para abrir la CPE y modificarla de forma parcial. Legisladores y fuerzas políticas afirman que es necesario abrir la CPE antes de poder impulsar alguna ley estructural, como la Ley de Inversiones.
“La Constitución no es una limitante para una ley de inversiones, pero para tener una amplitud es necesario hacer una reforma parcial”, resaltó.
Por su lado, el diputado también oficialista, Ricardo Rada, resaltó que “lo más correcto es que se abra la Constitución a más breve plazo y se dé solución a esos problemas, porque ya hay propuestas de proyectos de ley”.
Libre, bancada opositora, hizo semanas atrás su postura también con la presentación de su propuesta de reforma parcial de la CPE. El senador Elena Pachacute indicó que “muchas leyes sectoriales como la de hidrocarburos, minería u otros contemplan cambios, pero para eso primero se debe establecer la reforma a la Constitución”.
Pachacute resaltó que todas las leyes que buscan ser incorporadas en esta coyuntura podrían ser frenadas por la CPE. “Todas las leyes podrían ser frenadas y por eso es necesario en estos meses trabajar en tiempo y materia para una reforma parcial de la Constitución”.
Esta jornada, la bancada de Unidad Nacional (UN) presentó un proyecto de Ley de Inversiones que, según explicó, está vinculado a una reforma parcial de la Constitución para eliminar los “candados” económicos.
