Las amenazas del crimen organizado al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, no pueden llevarnos si no es por una sola ruta: la condena generalizada y la acción conjunta e indubitable del país frente a las mafias que desde hace rato creen que Bolivia es parte de su territorio. Los síntomas son muy evidentes. Ya no podemos estar en el tiempo del diagnóstico o, como el enfermo esperanzado, esperar un milagro para que el cáncer desaparezca.
Los recientes hechos son parte de un nuevo escenario, nunca antes visto en Bolivia. Primero, la publicación de lo que en apariencia es un muerto con un mensaje en un hecho que habría ocurrido en Cobija; segundo, el asesinato de una persona que vive en la calle para luego colocar un mensaje amenazante y una leyenda pintada en una tela, responden solo al objetivo de generar temor en la ciudadanía y buscar una ruptura en la institucionalidad que ahora precisamente está luchando contra las mafias. La Policía Boliviana ya hizo conocer que se trata de una amenaza contra una autoridad del Estado.
Estos hechos deben llevarnos a reforzar por completo la lucha contra los narcotraficantes en Bolivia. Dichos mensajes han sido ejecutados y luego distribuidos con el fin de afectar la moral nacional. No lo permitamos, quieren intimidarnos. Y exijamos que las principales autoridades de gobierno actúen. No es tiempo de dudas. Hacerlo, tendrá graves consecuencias para el Estado y la ciudadanía. Estos y otros hechos demandan acciones integrales. Que la Policía demuestre su efeciencia, esa que luce cuando están con la presión al límite.
El crimen organizado creció con total libertad en los últimos años, más aún desde la pandemia, como efecto de la permisividad de algunas autoridades, la ausencia del estado en el territorio nacional y la obsesión por la negación. Y en medio de eso hubo quieres sí lo reconocieron para beneficio suyo, para establecer una alianza con el narco.
En este tiempo han caído Sebastián Marset y jerarcas de los cárteles del Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho. Dichos resultados son a favor del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana que han recibido respaldo de la DEA y de la Policía Brasileña.
Ahora bien, aquello ha provocado que las organizaciones intensifiquen la disputa por preservar sus territorios ganados en Bolivia o por encumbrarse como los nuevos cabecillas. Y en este escenario, estos carteles estarían movilizando la droga que tienen en el país rumbo a mercados del exterior, porque prevén que la guerra antidrogas se intensificará. Precisamente por eso, están generando un escenario nunca antes visto.
Por otro lado, ha quedado en evidencia que el narco penetró ciertas estructuras de la Fiscalía y del Órgano Judicial. Ese descubrimiento es un avance importante, pero es completamente insuficiente. Entre las preguntas sin respuesta hay una importante: ¿Por qué el Estado no muestra los resultados de sus acciones investigativas contra otras exautoridades que no sean las de la Fiscalía?
La guerra contra el narco no puede estar atada a las victorias del pasado, por más cercanas que sean. Esta guerra es permanente y requiere de acciones de inteligencia, contrainteligencia, prevención, control territorial. No hay que perder de vista, las mafias tienen estructura sólida para diferentes escenarios. Esta guerra no admite distracciones y, además, un refuerzo en todas las líneas.
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