En las últimas dos semanas, Bolivia ha atravesado un escenario político complejo y confuso. Por un lado, diversas organizaciones sociales bloquearon carreteras exigiendo la Ley de Elecciones Judiciales y la renuncia de los magistrados autoprorrogados. Por otro lado, el Gobierno, presentándose como víctima, prefirió culpar a otras facciones, intentando eludir su responsabilidad directa.
En medio de estas tensiones, la Asamblea Legislativa logró un acuerdo que incluía tres puntos clave: la Ley de Elecciones Judiciales, el cese de los autoprorrogados y leyes que permitieran al Gobierno adquirir más deuda pública. Sin embargo, el Gobierno Nacional, mediante tácticas de "extorsión", actualmente está condicionando el tratamiento del cese de los autoprorrogados a la previa aprobación de las leyes de financiamiento.
Estos eventos plantean preguntas inevitables: ¿Cuál es la motivación detrás de estas leyes de financiamiento? ¿Por qué la desesperación por la aprobación de los créditos? ¿Realmente algún financiamiento resolverá los problemas estructurales de la economía? Y ¿por qué tanta presión, e incluso extorsión, para condicionar la persistencia de los autoprorrogados?
De los siete proyectos de ley para financiamiento en la agenda, cinco se enfocan en obras de infraestructura de indudable beneficio para el pueblo boliviano, uno en proyectos de preinversión y otro en el tema del COVID. Sin embargo, ninguno aborda los problemas estructurales que aquejan a la economía boliviana: como el enorme déficit fiscal, la escasez de dólares y combustibles, la latente amenaza de una "estanflación" o el creciente nivel de pobreza.
Entonces, cabe reflexionar. Si ninguno de estos créditos es urgente para resolver la crisis económica, ¿por qué la prisa del Gobierno por aprobarlos, incluso a costa de respaldar a magistrados autoprorrogados de manera inconstitucional?
Al revisar detalladamente estos créditos, que el Gobierno ansía aprobar utilizando tácticas de extorsión, llama la atención el "Contrato de Préstamo para el Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico". Aunque inicialmente parecía una excelente noticia que el Gobierno esté retomando proyectos importantes para La Paz y El Alto, como la ampliación de la red de teleféricos, la realidad del proyecto es desconcertante. La inversión solo se reduce a la ampliación de la línea café por 1,2 km y la instalación de paneles solares. Lo más inconcebible es que el valor de financiamiento contrasta totalmente con las afirmaciones del presidente Arce sobre la baja inflación en Bolivia; parece que este pequeño tramo de teleférico ha absorbido toda la "inflación" acumulada del mundo, por no decir un considerable "sobreprecio".
En 2018, al concluir el Plan Maestro, el equipo de Mi Teleférico estimó que esta inversión no debía superar los 28 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se solicitan ahora 62 millones de dólares? Comparando con las fases anteriores del teleférico, el valor promedio por kilómetro fue inferior a 24,5 millones de dólares, incluso considerando todos los costos asociados. Para una ampliación de 1,2 km, la inversión no debería exceder los 29,4 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se solicitan 62 millones de dólares?
Incluso al añadir la inflación mundial de los últimos cuatro años, la cifra no debería superar los 32 millones de dólares. La interrogante persiste: ¿Por qué, entonces, solicitan 62 millones de dólares?
El informe técnico del Proyecto de Ley incluye una inversión de 10 millones de dólares para paneles solares, si incluimos este valor, la inversión total no debería superar los 42 millones de dólares. Entonces, nos preguntamos nuevamente: ¿por qué se solicitan 62 millones de dólares?
Es evidente que hay una discrepancia significativa entre lo que el país debería invertir y lo que realmente se está solicitando como financiamiento. Hay alrededor de 20 millones de dólares de diferencia, y personalmente, no encuentro una justificación real para este desproporcionado requerimiento.
Una sabia expresión señala: "Para muestra un botón", y la pregunta ineludible es: ¿Cómo estarán los otros seis proyectos de financiamiento? Si en el caso del teleférico, están desesperados por aprobar con un evidente sobreprecio y evitando una fiscalización adecuada del Legislativo, lo mismo podría ocurrir con los demás proyectos.
Aparentemente, la desesperación por aprobar las leyes de financiamiento no está relacionada con la resolución de la crisis económica ni con la generación de proyectos a corto plazo que beneficien a los bolivianos. Más bien, la urgencia de los asambleístas del ala "Arcista" parece deberse a la intención de eludir una fiscalización adecuada de la Asamblea Legislativa, permitiendo así contrataciones con un evidente sobreprecio.
En la actual situación económica crítica de Bolivia, con un enorme déficit fiscal, un elevado endeudamiento interno y externo, falta de recursos para pagar la deuda de combustible, venta de reservas de oro, escasez de dólares y gasolina, el país no puede permitirse priorizar financiamientos que no aborden la crisis económica ni sean productivos. Menos aún puede permitirse solicitar préstamos con inversiones que excedan de manera estratosférica lo aceptable.
Esta coyuntura debería recordarnos que, más allá de las urgencias políticas, el verdadero progreso se construye con responsabilidad y respeto a nuestras leyes y principios. Como sociedad, merecemos un futuro basado en la honestidad y la eficiencia, donde cada inversión beneficie al pueblo.
14 de febrero de 2024
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