Las cifras macroeconómicas tienen una particularidad peligrosa: son técnicamente correctas pero políticamente letales cuando se comunican sin contexto. El nuevo gobierno boliviano aprendió esa lección de la peor manera, y el costo lo está pagando en credibilidad, mismo que fue parte de la narrativa sostenida en los 50 días de protesta.
Apenas instalado el gobierno, el ministro de Economía Gabriel Espinoza y el ministro de hidrocarburos Mauricio Medinaceli anunciaron que la eliminación del subsidio a los combustibles generaría un ahorro de 10 millones de dólares por día. La cifra es técnicamente impecable. En el lenguaje de los economistas, "ahorro fiscal" significa que el Estado deja de incurrir en ese gasto, ya sea en efectivo o como reducción del déficit. Lo que no significa, y aquí está el problema, es que esos recursos se acumulen en alguna cuenta disponible. En la práctica, el gobierno simplemente dejó de financiar ese subsidio con deuda externa y/o reservas internacionales; los dólares no aparecen en ningún balance nuevo. Sin embargo, para el imaginario colectivo boliviano, si se ahorra 10 millones de dólares al día, el mes cierra con 300 millones que deberían estar en algún lado. Y como nadie explicó ¿dónde están?, la conclusión popular fue inevitable: alguien los robó. Ese relato circuló masivamente en TikTok, YouTube y Facebook, y fue parte del argumento central de quienes impulsaron los bloqueos.
Lo mismo ocurrió con el anuncio presidencial sobre la reducción salarial de ministros y del propio presidente. Los 370 mil dólares mensuales de "ahorro" que se difundieron son reales en términos contables, pero tampoco constituyen recursos disponibles de libre ejecución. Se trata de un ajuste voluntario al gasto corriente, no de un fondo movilizable para inversión o atención de compromisos. El anuncio sonó a sacrificio compartido, pero abrió otra cuenta que la ciudadanía presentará al cobro.
El mismo riesgo lo corre el alcalde de Santa Cruz, Mamen Saavedra, con los 120 a 130 millones de bolivianos que ha proyectado como resultado del reequilibrio de las finanzas municipales. En un contexto de reducción del IDH, la población no hace análisis de gestión fiscal; se queda con la cifra y, tarde o temprano, exigirá saber qué se hizo con ella.
El problema de fondo no es la inexactitud de los datos, sino la ausencia de traducción. Decir "ahorro fiscal" sin explicar que significa "dejamos de gastar con deuda" o "reducimos el déficit en esa proporción" es técnicamente correcto e informativamente inútil. La brecha entre el lenguaje económico y el lenguaje ciudadano no se cierra sola; se cierra con comunicación intencional, oportuna y pedagógica.
La recomendación es directa: antes de anunciar cualquier cifra, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y cualquier otra repartición estatal deberían evaluar no solo su exactitud técnica, sino las narrativas que esa cifra habilitará en la opinión pública. Una cifra que no se puede explicar después, no debería anunciarse antes. Las cifras que no tienen dueño visible terminan teniendo culpable imaginario.
(*) Economista, fue viceministro de planificación estratégica del estado.
