La práctica democrática de la revocatoria de mandato en Bolivia, establecida en la Constitución Política del Estado y entendida como el mecanismo que permite a los ciudadanos retirar la confianza a una autoridad electa antes del término de su mandato, ha enfrentado en la última década un conjunto de desafíos que han transformado significativamente su accesibilidad y viabilidad.
El destino que han tenido las solicitudes de revocatoria presentadas en años pasados muestra que, si bien en el papel se trata de una herramienta de control democrático al alcance de los votantes, en la práctica las barreras son cada vez mayores. Y quizá la barrera más evidente sea el porcentaje de firmas necesarias para activar el proceso en caso de autoridades nacionales, regionales y departamentales, que ha sido fijado en un 25%, y en el caso de las municipales en el 30%, lo cual se ha mantenido en un umbral que muchos colectivos ciudadanos y sectores de la sociedad consideran excesivo.
Este alto umbral de firmas plantea desde el inicio un desafío logístico importante para los grupos ciudadanos que, por la razón que consideren, pretenden revocar a las autoridades. Sin embargo, a éste se suma un par de factores aún más complejos: el costo de impresión de libros para la recolección de firmas, por un lado, y la necesidad de llevar a cabo una campaña para recoger las mismas, por el otro, más aún en un tiempo reducido de 90 días; lo cual implica un egreso monetario que muy pocas organizaciones o movimientos ciudadanos pueden asumir.
Además, una vez alcanzado el número requerido de firmas, la organización de un referéndum para la revocatoria necesita de una asignación presupuestaria que, en tiempos de ajustes fiscales y priorización de gastos del Estado, resulta ser otro gran impedimento.
En conjunto, estos factores hacen que la revocatoria de mandato, lejos de ser un recurso democrático recurrente, se convierta en una opción casi teórica para la ciudadanía. Las estadísticas muestran que en la actualidad son mínimas las autoridades sujetas a este proceso, teniéndose un total de 48 solicitudes en los 340 municipios que componen el territorio nacional.
El debate está servido en la mesa política y social de Bolivia. ¿Es este incremento de las dificultades un mecanismo para garantizar la estabilidad gubernamental y evitar abusos de la revocatoria, o representa un obstáculo demasiado grande que impide ejercer un derecho democrático pleno?
En este contexto, las autoridades bolivianas actuales parecen estar más blindadas frente a la posibilidad de una revocatoria de mandato. No obstante, la evolución de la normativa y su aplicación en el terreno práctico serán determinantes para el fortalecimiento o el debilitamiento de la democracia participativa en Bolivia.
Llamados a la reflexión y al análisis sobre la pertinencia de ajustar estos mecanismos emergen de distintos sectores, con la esperanza de alcanzar un equilibrio que permita a los ciudadanos tener una participación activa y efectiva en el control de sus autoridades, sin que ello suponga tener que escalar un muro burocrático y financiero prácticamente infranqueable.
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