La Paz, 28 de junio (Urgentebo).- En medio de una fuerte controversia sobre el papel de autoridades bolivianas de la actual gestión en el proceso Quiborax, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró que “no vamos a proteger absolutamente a nadie”.
“Si en el proceso desde 2004 a 2018 ha habido otros errores por supuesto que inmediatamente vamos a establecer las sanciones que corresponda”, declaró García Linera este jueves.
En las últimas jornadas se revelaron hechos que ponen en entredicho el papel de la Procuraduría General del Estado frente a funcionarios chilenos de Quiborax. La exsubprocuradora Carmiña Llorenti está bajo investigación por su colaboración con la parte que acusaba al estado boliviano. Se ha establecido incluso que abogados chilenos usaron su computadora para enviar, desde su correo electrónico, documentación sobre el tema.
La chilena Quiborax y Non Metallic Minerals llevaron en 2006 a Bolivia a un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni.
El tribunal del CIADI falló en contra del Estado el 15 de septiembre de 2015 y, a pesar del recurso de anulación presentado por la parte demandada, ratificó el laudo el 18 de mayo de la presente gestión, ordenándole a pagar 48,6 millones de dólares de compensación.
El expresidente boliviano Carlos Mesa hizo público hace unos días los ocho puntos irregulares en este caso que ha supuesto la pérdida de 42,6 millones de dólares, cuando, por ejemplo, hubo un acuerdo previo que suponía el resarcimiento de tres millones.
“Como resultado de las negociaciones de la actual gestión, "el falsificador confeso David Moscoso", dueño del 49% de Quiborax, recibirá $us 20,8 millones del Estado que lo condenó a dos años de cárcel”, escribió Mesa a propósito del empresario boliviano que se alió con chilenos para, inventar una sociedad empresarial, e iniciarle un proceso al Estado boliviano.
La controversia con Quiborax se inició en la administración de Mesa, con la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, que dispuso la reversión de 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic, socia de Quiborax, en el Salar de Uyuni, Potosí.
García aseguró que no se protegerá a nadie tras conocer el resultado de la auditoría legal en curso. “No vamos a proteger absolutamente a nadie”.
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