Este martes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia demandó que la Cámara de Senadores tome una decisión prudente y correcta, lo que significa rechazar el proyecto de ley de Diferimiento de créditos de vivienda social y para las emprendedores y la suspensión del embargo de bienes.
“Pedimos a los miembros de la Cámara de Senadores que, atendiendo a la responsabilidad que aún tienen con el país, tomen una decisión prudente y correcta respecto a esta propuesta, y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”, dice el comunicado de la CEPB.
En un amplio comunicado, la confederación dice que el proyecto de ley que está en manos de los senadores “representa un riesgo para nuestra economía debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional, en especial de las entidades dedicadas al microcrédito que en muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades”.
Sostiene que el diferimiento de pago de cuotas, “impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados, es una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía, y una distorsión a la relación entre los ahorristas que colocan su dinero en el sistema, los ciudadanos que recurren al crédito, y las entidades de intermediación financiera que gestionan la operación en base a acuerdos y compromisos cuyo respeto garantiza el orden y la estabilidad del sistema”.
En el comunicado, la CEPB dice que comprende la situación de unidades económicas y de familias y en ese sentido pide al gobierno “políticas estructurales y coherentes, y no con medidas dispersas, improvisadas e inconsistentes que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre”.
“Las anteriores experiencias de suspensión de pago de créditos, aplicadas en los últimos años, no solucionaron ninguno de los problemas que pretendían corregir; por el contrario, aportaron a incrementar la mora y a generar una peligrosa tendencia a evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas”, complementa.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aseguró que el proyecto de ley de diferimiento de créditos beneficiará a más de 1,4 millones de prestatarios y sólo tendrá un impacto limitado en el sistema financiero, equivalente apenas al 3% de la cartera total de créditos.
El director de estudios y publicaciones de la Asfi, Pedro Asturizaga, explicó que el alcance de la medida es focalizado y no representa un riesgo significativo para las entidades de intermediación financiera. “El impacto alcanzaría al 3% de todo lo que es la cartera de créditos”, señaló.
El 12 de septiembre, la Camara de Diputados aprobó la ley que introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.
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