Alan Lisperguer, exministro de Medio Ambiente y Agua, debe ser sometido a detención domiciliaria por orden de un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acusado por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.
Además de cumplir con la detención domiciliaria, Lisperguer debe pagar una fianza de 15.000 bolivianos, presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y cumplir un arraigo nacional, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Tras su aprehensión, Lisperguer afirmó que su detención tendría motivaciones políticas vinculadas al Viceministerio de Transparencia. Desde el Gobierno rechazaron esas versiones y aseguraron que la administración de Luis Arce no intervino en la denuncia que derivó en las medidas judiciales.
La orden fue emitida por una comisión fiscal que reactivó la investigación iniciada en febrero de este año, cuando el exministro gozaba de libertad mientras avanzaban las pesquisas.
La captura de Lisperguer se produce apenas dos semanas después de que fuera aprehendido en Santa Cruz, denunciado por su expareja por violencia doméstica. En aquella ocasión, la justicia dispuso su liberación, aunque el proceso por agresión sigue en curso.
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