Por unas semanas, las familias de ocho bolivianos que fueron muertos en los sucesos de octubre de 2003 confiaron en que la justicia de Estados Unidos iba a fallar contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de ejecuciones extrajudiciales. Él y su ministro más poderoso, Carlos Sánchez Berzaín. En Bolivia se esperaba que el veredicto sea reafirmado, pero a fines de mes de mayo, un juez de Florida desestimó la decisión contra Goni.
Así, las familias de los ocho bolivianos volvieron de Estados Unidos con la única certeza de que pudieron ver a Goni en el banquillo de los acusados, algo que hasta ahora no ha ocurrido en Bolivia. Lo vieron frente a frente. Los bolivianos recibieron el veredicto favorable de los jueces ciudadanos; Sánchez de Lozada, del magistrado técnico.
El Juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida anunció el 30 de mayo que la demanda en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada no tuvo suficientes evidencias y no que se demostró evidencia para demostrar de que hubo actos deliberados e intencionales de parte del gobierno de Sánchez de Lozada en la muerte de cuidados bolivianos en octubre del 2003. En consecuencia, determinó desconocer por falta de evidencias y pruebas el veredicto del Jurado en el juicio civil en contra de Sánchez de Lozada y del ex ministro Sánchez Berzaín.
El 03 de abril pasado, el jurado adoptó un veredicto en el caso del Juicio Civil por la muerte de los ocho bolivianos en los sucesos de septiembre y octubre de 2003. En esa oportunidad, el Jurado halló responsable por la muerte de las ocho personas y determinó un resarcimiento económico de 10 millones de dólares a favor de las nueve familias que procesaron al expresidente ante la justicia de Estados Unidos.
Los bolivianos fueron respaldados por un equipo jurídico de la universidad de Harvard, que confió en la ratificación del veredicto, lo que al final no se dio.
“Durante 15 años hemos caminado para que se haga justicia. Nos alimentamos año tras año con la esperanza de que tanto dolor y tanta muerte no hayan sido en vano”, según una nota enviada por la Asociación de Familiares de los Caídos por la Defensa del Gas (Asofac-DG) y el Comité Impulsor del Juicio. Esa frase corresponde al 27 de marzo. Parece premonitoria, pues el 30 de mayo las cosas cambiaron, y al final lo que quedó es que Sánchez de Lozada se sentó en el banquillo de los acusados, lo que no ha ocurrido aún en Bolivia.
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