A poco menos de cumplirse un mes de los hechos ocurridos en Cochabamba y Llallagua (Potosí), durante el bloqueo de caminos del 2 al 16 de junio, la Defensoría del Pueblo informó que en el conflicto que estalló en la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las elecciones generales dejó un saldo de ocho muertos y 173 personas heridas.
De acuerdo al informe preliminar, presentado este lunes por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el conflicto surge específicamente en el marco de la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales y como prolongación de una disputa interna del MAS – IPSP, con diferentes picos de intensidad.
"Tras la información preliminar recabada por la Defensoría del Pueblo, en los días de bloqueo, en el municipio de Llallagua (Potosí) y en Cochabamba, se reportó el fallecimiento de un total de ocho personas; dos personas particulares, dos del sector movilizado y cuatro policías", informa la Defensoría del Pueblo.
En ambos conflictos se dieron situaciones de extrema violencia, particularmente en Cochabamba y Llallagua (Potosí), precisa la institución. “En estos escenarios de conflictividad, se identificó preliminarmente a 173 personas heridas, que incluyen afectados del sector movilizado, terceros no involucrados en los bloqueos, pobladores de las zonas afectadas y efectivos policiales”, el documento.
Según el documento, la profundización de la crisis económica en el país (escasez de combustible, falta de dólares, incremento de los precios de la canasta familiar e inflación) activó las protestas en diversos sectores sociales desde el 2024 y se amplificaron el 2025; este hecho, sumado a “la intransigencia de actores políticos, agravó la conflictividad social y generó vulneraciones a los derechos humanos y en la economía nacional”, explicó el Defensor Callisaya.
DETRÁS DEL CONFLICTO
“La conflictividad ha tenido diferentes componentes. Por un lado, el clima electoral, la crisis económica y la intransigencia de los actores políticos, pero fundamentalmente hay una experiencia que no podemos reeditar, que es la vulneración de derechos; no se puede naturalizar el fallecimiento de ciudadanos bolivianos, y estas vulneraciones al derecho a la integridad”, remarcó el Defensor del Pueblo, en contacto con medios de comunicación en la ciudad de Potosí.
Asimismo, el informe destaca las acciones defensoriales que se llevaron a cabo durante el conflicto como: la convocatoria a una mesa de concertación para lograr una tregua humanitaria en Llallagua, gestiones para el traslado de efectivos heridos y la recuperación de cuerpos de los fallecidos, seguimiento a las investigaciones por los decesos y acompañamiento a audiencias cautelares en Llallagua, además de la publicación de comunicados y pronunciamientos expresando pesar por los fallecidos y condenando las acciones violentas registradas, entre otras diligencias, detalló Callisaya.
“En el seguimiento a las investigaciones, se conoce que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), abrieron cinco procesos penales; cuatro por el delito de asesinato y uno por el delito de homicidio. Hasta el 4 de julio del 2025, tres se encontraban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria. Asimismo, el documento revela que entre los procesados existirían siete adolescentes.
Asimismo, el informe presenta datos sobre la aprehensión de 201 personas, 36 con detención preventiva y 32 con procesos penales abiertos por delitos como atentado a la seguridad, uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio; cuatro casos de agresiones a periodistas con amenazas, hostigamiento y robo de equipos; ocho casos de obstrucción a ambulancias y agresiones a personal médico (retenidos en Japo, Cochabamba); agresiones a transportistas, sin alimentos, ni atención médica en rutas bloqueadas; afectación a la economía con pérdidas millonarias en agricultura, ganadería, transporte, comercio y canasta familiar; y afectación al derecho a la educación con suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.
Finalmente, la autoridad defensorial, desde Potosí llamó “a todos los actores políticos a que podamos afirmar un compromiso de respeto por los derechos humanos. El derecho a la protesta siempre va a estar protegido constitucionalmente, pero este tiene sus límites y esto es que no sea violenta, que no afecte derechos de terceras personas y no impida el acceso a servicios básicos, porque de lo contrario deslegitima cualquier petición que se quiera realizar.
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