3 de noviembre (Urgente.bo).- Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, explicó al periódico digital Urgente.bo los factores del conflicto de tierra que estalló en Santa Cruz, para ser más precisos en la provincia Guarayos, donde un grupo de avasalladores armados secuestró a un grupo de personas entre estos civiles, policías y periodistas. El experto señala que este conflicto continuará mientras no existan políticas de lucha contra el tráfico de tierras e identifica a los principales protagonistas de la "distribución corrupta", ya que los avasalladores no solo son interculturales o campesinos, sino también empresarios, colonos, menonitas y todos quienes ocupan tierras fiscales de forma ilegal.

En contacto con Urgente.bo, Colque explica que, para entender el conflicto, todos los avasallamientos se dan en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, es decir, no existen casos de ocupaciones ilegales en tierras ya tituladas, con derecho propietario consolidado a nombre de los empresarios.

“En este caso todos los avasallamientos son sobre tierras sin cumplimiento de Función Económico Social (FES) y sobre recortes que quedaron después de la titulación de grandes propiedades. Esto es fundamental de entender para no caer en la trampa de los agroempresarios que se presentan ante los medios de comunicación como los que sufren avasallamientos de sus propiedades tituladas y muestran a las cámaras predios agrarios que están en disputa legal o ya están declaradas como tierras fiscales”.

La Fundación Tierra complementa que “los avasalladores no solo son interculturales o campesinos, sino también empresarios, colonos, menonitas y todos quienes ocupan tierras fiscales de forma ilegal”. 

Sin embargo, manifiesta que en este caso, específicamente en Santa Cruz, el principal factor es el tráfico de tierras, es decir “la distribución corrupta de la tierra ha conducido al extremo del enfrentamiento y la violencia”.

Colque identifica a dos grupos: “quien tiene poder tierras que no le pertenecen a la fuerza, usando su poder económico para corromper a autoridades y funcionarios públicos, o usando su poder político al ser militantes del MAS que controlan las instituciones agrarias como el INRA nacional y el INRA departamental”.

Explica que en este conflicto se irá agravando debido a que las autoridades no cuentan con una política de lucha contra el tráfico de tierras porque significaría “minar las bases mismas del propio gobierno del MAS.”

“La escalada de corrupción en el manejo de la tierra comenzó en 2011 con la titulación fraudulenta de grandes propiedades debido a la alianza MAS-empresarios cruceños, entrega de miles de autorización de asentamientos de comunidades campesinas e interculturales en la Chiquitania a militantes del MAS, mayormente provenientes del Trópico de Cochabamba y zonas de colonización de Santa Cruz, y con los grandes negociados que involucran a autoridades y jueces agrarios “explica.

Revela que la titulación fraudulenta de tierras mueve millones de dólares, al punto que se crearon “INRAS” paralelas para acelerar el tráfico de tierras.

“Las actuales autoridades son cómplices de todo esto porque nunca iniciaron una investigación exhaustiva ni cortaron las prácticas corruptas dentro de la institución. A lo mucho, anunciaron que investigarían los actuados de la gestión de Añez, una decisión que solo obedece a cálculos políticos y por demás miope”, dijo.

¿Quiénes son?

Colque desmiente que los avasalladores sean grupos del Occidente que migraron al Oriente para apoderarse de tierras, señala que esta es parte de la desinformación de los medios de comunicación e identifica a los avasalladores como personas provenientes de las zonas de colonización como San Julián, Yacapaní, Cuatro Cañadas o El Choré, de las comunidades cocaleras del Trópico de Cochabamba y varios son migrantes antiguos que viven en centros urbanos cruceños.

Identifica que estas personas deben cumplir tres requisitos: “conocimiento preciso del terreno, pertenecer a las redes sociales u organizaciones comunales de las zonas de colonización y aclimatación al clima cruceño para trabajar y vivir en el campo. Estos requisitos solamente pueden llenar las personas que ya hemos mencionado”.

“Quienes difunden la falsa idea de que los avasalladores son campesinos del occidente son principalmente los agroempresarios y lo hacen por falta de conocimiento de la realidad actual y por regionalismo”, agrega.

Concluye que ambos sectores están actuando de forma irresponsable y sin conocimiento profundo de la problemática agraria. "El gobierno entrega y quiere entregar más tierras a sus militantes como una moneda de pago, mientras que los empresarios siguen cercando y alambrando tierras fiscales como si fueran suyos y mostrando esas tierras a la prensa como propiedad privada avasallada por masistas".

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